Por: María Dolores Otero Cerdeira*

En la actualidad se vive, a nivel mundial, una crisis profunda del Estado de Derecho y un creciente desapego a las normas naturales, éticas, morales, religiosas y jurídicas. La sociedad se desenvuelve fuera del orden, con una marcada indiferencia frente a los límites y una escasa tolerancia a la frustración; no reconoce la facultad de asumir responsabilidades por los actos cometidos y, al mismo tiempo, exige derechos que en numerosas ocasiones no son posibles ni reales.


El presente artículo constituye una reflexión sobre la realidad contemporánea de las sociedades, tanto en el ámbito público como en el privado, en las que se observa una pérdida del respeto a la persona y a los derechos del prójimo. Se vive en un contexto donde predominan el caos y la indefensión, bajo el mando de individuos impulsados por el odio, la venganza y una ambición desbordada ante la imposibilidad de alcanzar deseos personales.


Para iniciar esta reflexión, resulta necesario preguntarse: ¿por qué y para qué surge la norma? La respuesta es sencilla: la norma es una regla de conducta destinada a mantener un orden natural de las cosas. En la época primitiva se obedecía la regla natural de la supervivencia; se respetaba a los sabios de la comunidad, generalmente los adultos mayores, quienes contaban con la experiencia de vida necesaria para orientar a la colectividad. Gracias a ello existía un orden y un bienestar común.


La norma, al ser dinámica, debe adaptarse a los cambios de la sociedad. Conforme esta evolucionó de una organización comunitaria hacia la propiedad privada y el sedentarismo, se produjeron transformaciones en los valores y, con ello, en las formas de organización y dirección social. Surge entonces la norma de trato social, que establece pautas y límites de conducta para preservar el orden y la paz social. En este contexto aparece el Código de Hammurabi, que introduce la Ley del Talión —“ojo por ojo, diente por diente”— como un mecanismo para limitar la venganza privada y proteger los derechos personales en su máxima expresión. Dicha norma establecía una proporcionalidad entre el acto cometido y la pena impuesta y era aplicada por la autoridad comunitaria.


Sin embargo, la Ley del Talión dejó de ser eficiente y adecuada cuando la sociedad comenzó a expandirse. Con la consolidación del cristianismo surge una nueva antropología jurídica y moral, en la que la Iglesia asume el papel de autoridad reguladora del orden y del bienestar social.


Posteriormente, se presenta nuevamente una ineficiencia normativa, ahora derivada de la pérdida de credibilidad en la institución eclesiástica. Es entonces cuando emerge el Estado moderno, que retoma la dirección social mediante la figura de la soberanía.

El Estado deposita la creación, aplicación y ejecución de la norma en un representante del poder, elegido de manera popular, con el objetivo de mantener el orden, la paz y el bienestar social. Este modelo se sustenta en el Estado de Derecho, entendido como un sistema que regula a la sociedad a través de leyes y establece límites al poder público para evitar el autoritarismo, el despotismo, la anarquía, la tiranía o la arbitrariedad.


En este sentido, el papel del presidente de una nación, o de quien encabeza un organismo público o privado, consiste en ser titular del Poder Ejecutivo y actuar como representante del interés general, no de intereses particulares o de grupo. Su función no se limita a gobernar, sino a dirigir el ejercicio del poder conforme a una Constitución o norma superior, las leyes vigentes y los valores democráticos.


Desde una perspectiva jurídica, un presidente o líder:

  • Está sujeto al principio de legalidad.
  • Debe garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho.
  • Administra recursos y poder en nombre del pueblo o de los subordinados, no en beneficio propio.
    Desde el ámbito político, su papel implica:
  • Liderazgo con legitimidad democrática.
    •Toma de decisiones orientadas al bien común.
    •Responsabilidad frente a los gobernados o subordinados.
    El deber ser constituye una categoría fundamental de la Filosofía del Derecho. Representa el ideal normativo que orienta la conducta humana y, en este caso, la actuación del poder. Mientras que el ser describe lo que ocurre en la realidad, el deber ser indica cómo debe actuar quien ejerce el poder.

  • El deber ser se manifiesta en:
    •El respeto a la Constitución.
    •La observancia de los derechos humanos.
    •El ejercicio ético del poder.
    •La prioridad del bien común sobre el interés personal.

  • Cuando se abandona el deber ser, se rompe la legitimidad moral del poder, aun cuando conserve formalmente su legalidad.
    El Estado de Derecho implica que:
    •Todas las personas están sometidas a la ley.
    •El poder tiene límites jurídicos.
    •Las decisiones deben estar debidamente fundadas y motivadas.
  • Cuando quien ejerce el poder:
    •Viola la ley,
    •La aplica de manera selectiva,
    •O la utiliza como instrumento de control político,
    se configura entonces, un Estado de arbitrariedad y no un auténtico Estado de Derecho.
    Uno de los mayores dilemas del ejercicio del poder es la presión estructural para adaptarse a prácticas corruptas que han sido normalizadas dentro del sistema. Esta lógica implica:
    •Renunciar a los valores personales.
    •Subordinar la ética a la conveniencia.
    •Convertir el poder público en un instrumento privado.
    Desde una visión ética, ninguna presión justifica la corrupción, ya que el cargo público o social es, ante todo, una función de confianza.
    El verdadero liderazgo exige:
    •Coherencia entre valores y acciones.
    •Respeto irrestricto a las normas.
    •Prioridad del bien común.
    •Ética en el ejercicio del poder.
  • Sin estos elementos, el poder deja de ser un medio para servir y se transforma en un mecanismo de dominación.
    Si el deber ser implica adecuar la conducta a una norma válida y vigente, entonces, cuando una autoridad ordena violar la norma, se produce una fractura del sistema normativo. Dicha orden responde a una visión en la que:
    •La ley no es obligatoria en sí misma.
    •Se considera únicamente un instrumento útil cuando conviene.
    Cuando una autoridad superior ordena la violación de una norma:
    •El Estado de Derecho se degrada.
    •La norma pierde eficacia real.
    •Se instaura un régimen de apariencia de legalidad.
    En este contexto, la obediencia deja de ser una virtud y se convierte en complicidad.
    Como reflexión final, surge una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto la norma puede ser eficaz y válida si su aplicación rigurosa es calificada como tiránica, mientras que su aplicación flexible es interpretada como debilidad? ¿Cuál es el justo medio, cuando la sociedad ha relegado el sentido de la responsabilidad y la aceptación de las sanciones derivadas de los propios actos.

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Maestría en Administración de la Mercadotecnia en el YMCA. Especialidad en Mercadotecnia en el YMCA. Diplomado para Especialidad en Derecho Corporativo en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Licenciatura en Derecho en el Instituto de Estudios Superiores del Colegio Holandés. Un año en la Licenciatura en Derecho en la Escuela Libre de Derecho. Docente en la Universidad Mexicana campus Polanco. Coordinación académica y docente en el Colegio Hispano Americano sección Preparatoria. Docente y Coordinadora de licenciaturas en la Universidad del Distrito Federal. | Consultoría legal independiente.

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