Tres meses después de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia —hecho que dejó 32 fallecidos y 52 lesionados—, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que 143 víctimas han firmado acuerdos reparatorios por un total de 480 millones de pesos. De ese monto, el 90% (429 millones) ya habría sido desembolsado, según reportaron autoridades capitalinas.

En conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde detalló que, de los 31 casos de personas fallecidas, se han cubierto pagos a 28 familias. Asimismo, se habría indemnizado a 4 de las 6 personas que estuvieron en riesgo vital, y a 15 con lesiones graves superiores a 60 días. En total, 127 afectados habrían recibido ya una compensación económica.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, calificó la cifra como «histórica en materia de reparación de daños», destacando que no se había logrado un acuerdo de tal magnitud ante eventos similares en el país. Aseguró que el resto de los recursos está «muy cerca de ser solventado» y que la totalidad será asumida por la empresa responsable.

Falta de transparencia en montos individuales
Pese a las cifras globales, la fiscal se negó a revelar los montos específicos asignados a cada familia o víctima, limitándose a desglosar que 266 millones se destinarán a deudos de fallecidos, 136.5 millones a lesionados y 27 millones a personas con otros daños. Esta opacidad impide contrastar si las compensaciones corresponden a estándares internacionales o a la gravedad de cada caso.

Indemnización sin responsabilidades claras
El informe oficial omitió precisar el nombre de la empresa involucrada y el estado que guardan las investigaciones para determinar responsabilidades penales. Tampoco se aclaró el criterio utilizado para definir los montos o si las víctimas recibieron asesoría jurídica independiente durante la firma de los acuerdos.

Mientras el gobierno capitalino presenta estos avances como una respuesta ágil y sin precedentes, las familias afectadas enfrentan, además de la pérdida, un proceso opaco que prioriza la compensación económica sobre la rendición de cuentas y la justicia. La promesa de «reparación histórica» contrasta con la falta de información pública que permita evaluar su equidad y completitud.

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