Mientras usted terminaba de leer este párrafo, Carlos Slim acumuló aproximadamente 1,000 dólares más. No es metáfora: según el más reciente informe de Oxfam México —publicado en febrero de 2026 con el título Oligarquía o Democracia— la fortuna del hombre más rico de América Latina creció, desde 2020, a un promedio de 23.6 millones de dólares diarios. Eso es 273 dólares por segundo. Para ganar esa misma cantidad, un trabajador con salario mínimo en México necesita 19 días completos de labor.

El informe, prologado por Gerardo Esquivel —doctor en Economía por Harvard y ex subgobernador del Banco de México—, no es un panfleto: es un documento técnico con 117 notas a pie de página que cruza datos del INEGI, Forbes, el Banco Mundial, el Laboratorio de Desigualdad Mundial y encuestas nacionales para construir un argumento que resulta difícil de rebatir.
El club de los 22
México tiene hoy 22 milmillonarios —personas con fortunas superiores a mil millones de dólares— cuya riqueza conjunta asciende a 219,300 millones de dólares. Para dimensionarlo: esa cifra equivale al tamaño económico combinado de Jalisco y Guanajuato, los estados más productivos del país fuera de la capital.

Lo que hace especialmente revelador el retrato de este grupo es su composición. La edad promedio de los 22 es de 71 años. Solo tres son mujeres. Y —dato central para entender la naturaleza de esta concentración— tres de cada cuatro obtuvieron su fortuna por herencia, no por emprendimiento.

El informe confronta aquí directamente la narrativa del mérito individual que suele acompañar a los discursos sobre la riqueza. Si la mayoría de los milmillonarios mexicanos son herederos, y si sus fortunas se multiplicaron 4.2 veces en tres décadas mientras la economía mexicana apenas creció 1.76 veces en el mismo período, la pregunta que emerge es incómoda: ¿de dónde viene ese rendimiento extraordinario?

La respuesta del documento es precisa: de las privatizaciones de los años ochenta y noventa, de concesiones sobre bienes nacionales —agua, telecomunicaciones, infraestructura— y de un sistema fiscal que, paradójicamente, grava más el trabajo que el capital.

La aritmética de la desigualdad
El 1% más rico de México —apenas 1.3 millones de personas en un país de 130 millones— percibe el 35% del ingreso total, posee el 40% de la riqueza privada y genera el 23% de las emisiones contaminantes. En el extremo opuesto, 18.8 millones de personas no tienen acceso a una alimentación nutritiva y 21 millones de mujeres dedican al menos una jornada laboral completa diaria al trabajo de cuidados sin recibir un peso a cambio.

El economista Thomas Piketty, cuyo trabajo sobre desigualdad se cita extensamente en el informe, formuló una ecuación que se cumple con precisión quirúrgica en México: cuando la tasa de retorno del capital (r) supera consistentemente al crecimiento de la economía (g), la desigualdad se profundiza de forma inevitable.

El caso mexicano lo confirma: en casi dos terceras partes de los años transcurridos desde 1996, la riqueza de los milmillonarios creció más rápido que el PIB nacional. Y cada vez que hubo una crisis —1997, 2003, 2008, 2020— los más ricos no solo se recuperaron antes que el resto: lo hicieron a velocidades sin precedente.
Dicho de otro modo: las crisis son, para este grupo, oportunidades de negocio.

El tiempo como recurso desigual
Uno de los ángulos más originales del informe es su análisis del tiempo como dimensión de la desigualdad, una variable que raramente aparece en los debates económicos convencionales.
Usando datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, el documento construye una imagen perturbadora: una mujer del 10% más pobre de México dedica 11.5 horas diarias al trabajo de cuidados no remunerado. Una mujer del 1% más rico dedica 8 horas al mismo tipo de trabajo. Un hombre del 1% más rico, 4.2 horas.

La brecha no es solo de ingresos sino de libertad. El tiempo libre, el descanso y la posibilidad de construir un proyecto de vida autónomo son, en México, lujos distribuidos de forma tan desigual como el dinero. Y detrás de esa distribución hay decisiones concretas: la ausencia de infraestructura pública de cuidados, la falta de transporte eficiente, la informalidad laboral que obliga a dobles jornadas.

Keynes imaginó en 1930 que el desarrollo tecnológico permitiría trabajar menos y vivir mejor. En México, un siglo después, millones de personas trabajan más horas que en casi cualquier otro país de la OCDE, para resultados que el informe califica sin eufemismos como mediocres para la mayoría.

El poder político de los más ricos
El capítulo más políticamente incisivo del documento traza la línea que conecta riqueza extrema con influencia sobre decisiones públicas. Y lo hace con nombres y apellidos.
Slim se ha consolidado como socio estratégico de Petróleos Mexicanos con contratos superiores a los 61,000 millones de pesos. Ricardo Salinas Pliego ha amenazado públicamente con retirar sus inversiones del país —una forma de veto sobre la política económica— y llegó a explorar una candidatura presidencial opositora. Slim se opuso públicamente a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

Ninguno de estos movimientos requiere ganar una elección. Operan desde lo que el informe llama «redes de élites políticas y económicas que circulan libremente entre el gobierno, las grandes empresas, organismos reguladores y espacios privados». Es el poder sin legitimidad democrática: no está sujeto a las urnas pero influye sobre quienes sí lo están.

A falta de impuestos sobre herencias y sucesiones —que México prácticamente no tiene— ese poder se transmite de generación en generación sin costo ni obstáculo. El resultado son dinastías económicas con capacidad de veto sobre el modelo de desarrollo nacional.

La paradoja del subsidio y el transporte
Dos datos del informe merecen particular atención porque ilustran cómo las políticas públicas pueden ser regresivas incluso cuando no lo parecen.

El subsidio eléctrico: El gobierno mexicano destina 88,000 millones de pesos anuales a subsidiar las tarifas de electricidad. Un monto mayor al que invierte en infraestructura eléctrica (61,000 millones). El problema es que ese subsidio está diseñado en función del volumen de consumo, lo que significa que quienes más consumen —los hogares más ricos— reciben más dinero público.

El resultado: el 10% más pobre dedica el 3.3% de sus ingresos a pagar la luz; el 10% más rico, apenas el 0.8%. El 10% de hogares más ricos recibe 18 centavos de cada peso del subsidio; el 10% más pobre recibe 4 centavos. Un subsidio que se presenta como universal es, en la práctica, un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia los que menos los necesitan.

El transporte: En 2024, el gasto federal en infraestructura para vehículos privados superó los 46,000 millones de pesos. El gasto en transporte público masivo: 78.8 millones. Una diferencia de casi 600 veces. Y sin embargo, 9 de cada 10 hogares del 10% más pobre no tienen automóvil, mientras que 9 de cada 10 hogares del 10% más rico sí lo tienen. La política de transporte, financiada con impuestos de todos, sirve principalmente a quienes ya tienen movilidad privada.

Lo que sí funcionó: la lección del salario mínimo
El informe no es un documento de denuncia sin salida. Su sección más esperanzadora documenta lo que ocurrió cuando se tomaron decisiones diferentes.
En 1982, el salario mínimo comenzó una caída sostenida que duró casi tres décadas. Desde 2017, una decisión tripartita —empleadores, trabajadores y gobierno— lo recuperó de forma gradual hasta alcanzar niveles similares a los de ese año. El resultado: entre 2018 y 2024, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional. La participación de los salarios en el PIB subió de 38 a 45%.

Eso es democracia económica funcionando. El contraste con la trayectoria de la inversión pública —que en 2024 representaba apenas el 38% de su nivel de 1981— muestra que los avances son posibles pero selectivos: México aprendió a subir salarios, pero no ha recuperado su capacidad de inversión social.

Nueve propuestas para un dilema real
El informe cierra con nueve propuestas concretas agrupadas en tres ejes: transformar, reparar y redistribuir. Entre las más significativas: crear un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a 1,000 millones de dólares; eliminar exenciones a herencias y sucesiones mayores a un millón de dólares; igualar la tasa fiscal sobre ganancias de capital (hoy en 10%) con la del trabajo (hasta 35%); hacer vinculantes las decisiones de los Consejos de Cuenca en materia de agua; y aplicar impuestos progresivos al transporte privado —incluyendo jets y yates— para financiar movilidad pública masiva.

No son propuestas radicales en el contexto internacional. Son, en muchos casos, estándares que existen en países de la OCDE con los que México se compara habitualmente. Lo radical, sugiere el documento, es que todavía no existan aquí.

La pregunta que el informe deja abierta
El título del informe plantea una disyuntiva: oligarquía o democracia. Su argumento central es que no pueden coexistir.

Cuando 22 personas concentran una riqueza equivalente a dos economías estatales, cuando ese capital creció cuatro veces más rápido que el país, cuando se transmite sin impuestos entre generaciones y se convierte en influencia política directa, la promesa de un voto igual para cada ciudadano se convierte, según el documento, en una ficción funcional.

La pregunta que queda flotando es si las instituciones mexicanas —el Congreso, el SAT, la banca de desarrollo, los órganos reguladores— tienen la voluntad y los recursos para implementar los cambios que el propio informe muestra como técnicamente viables. O si, como en el ajedrez, el rey permanecerá en pie sobre un montón de piezas caídas.

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