Por: Edgar M. Arroyo |
Cuernavaca, Morelos, 8 de marzo de 2026

Hoy es 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Y en Morelos están pasando dos cosas al mismo tiempo: están asesinando mujeres, y el gobierno se está preparando para reprimirlas.

Llamarles «fallecimientos» a los feminicidios no es un error de redacción.
Es una decisión política. Y esa decisión tiene nombre y apellido.

Kimberly Joselin Ramos Beltrán entró al campus Chamilpa de la UAEM el 20 de febrero. Las cámaras de vigilancia las mismas que el secretario de Seguridad Miguel Ángel Urrutia Lozano exhibió como logro de su gestión la registraron entrando. Diez días después, su cuerpo apareció en el monte, dentro del perímetro universitario, en una zona ciega donde la infraestructura de seguridad simplemente no llega porque nadie se preocupó de que llegara. Antes que ella, Aylín Rodríguez, estudiante de Psicología, asesinada por su pareja, también alumno de la UAEM. Después que ella, Karol Toledo Gómez, 18 años, Derecho, campus Mazatepec: desaparecida el 2 de marzo, confirmada como feminicidio tres días después.

Tres estudiantes. Tres feminicidios. Una sola institución. Menos de un año.

Las autoridades siguen hablando de «lamentables pérdidas».

Eso no es imprecisión. Es complicidad semántica con la impunidad.

LA RECTORA QUE HUYÓ DE SU PROPIA UNIVERSIDAD

Viridiana Aydeé León Hernández llegó a la UAEM cargando el mérito histórico de ser la primera rectora en la historia de la institución. Lo que no cargaba, según ha demostrado cada vez que la crisis la exigió, es la capacidad de gobernar una emergencia.

Incumplió los acuerdos pactados con los estudiantes. No se presentó a la reunión de seguimiento que ella misma aceptó. Cuando finalmente apareció en el campus, llegó custodiada por funcionarios del gobierno del estado como si el territorio universitario fuera una zona hostil y no la institución que preside. El resultado fue un choque entre su escolta académica y los propios alumnos que exigían respuestas. Los empujones, las agresiones, la escena de una rectora siendo rechazada a gritos por su comunidad: todo eso ocurrió dentro de las instalaciones que ella dirige.

Los estudiantes la corrieron. La rectoría sigue tomada. Las facultades siguen paradas.

Y los comunicados institucionales de la UAEM siguen prometiendo «espacios de diálogo», «acompañamiento psicológico» y «protocolos de actuación» como si una estudiante de 18 años hubiera sido asesinada por falta de talleres de resiliencia.

Lo que ocurre dentro del campus Chamilpa es documentable: venta de droga, el propio secretario de Seguridad lo reconoció ante medios, denuncias de acoso sexual contra docentes que siguen frente a grupo, intentos de secuestro que las autoridades negaron sin investigación previa, asaltos cotidianos en los accesos. La rectora lo sabe. Las autoridades universitarias lo saben. Lo sabían antes de Kimberly. Lo sabían antes de Karol. No hicieron nada porque no había presión suficiente para que hacer algo les costara menos que no hacer nada.
Ahora la presión existe. Y la respuesta sigue siendo el comunicado.

LA GOBERNADORA DE LAS FOTOS

Margarita González Saravia es la primera gobernadora constitucional de Morelos. Llegó al cargo en octubre de 2024 cargando el respaldo de la coalición gobernante y la promesa tácita de que una mujer al frente del Ejecutivo estatal cambiaría las prioridades de un gobierno. Lo que ha cambiado es el género de quien posa para las fotografías.

Mientras Kimberly llevaba días desaparecida dentro del campus de la UAEM, la gobernadora firmaba convenios metropolitanos. Mientras la comunidad universitaria marchaba por quinta vez exigiendo seguridad y justicia, la gobernadora tenía agenda de foros, inauguraciones y reuniones de planeación urbana. Cuando los medios la alcanzaron para pedirle una declaración sobre la crisis que sacudía a toda la entidad, la captaron en video literalmente dando la espalda a las cámaras y saliendo por una puerta lateral. Horas después publicó un mensaje de 20 segundos en redes sociales.

Así gobierna Margarita González Saravia: con convenios que no aterrizan, con firmas que no resuelven, y con tuits que sustituyen la presencia que la ciudadanía exige cuando el estado se desangra.

Y cuando la presión ya no pudo contenerse, anunció para «próximos días» un plan de seguridad para la UAEM. No dijo cuáles días. No dijo con qué recursos. No dijo quién lo operaría ni quién respondería si fracasaba. «Próximos días» es la unidad de tiempo con la que en Morelos se administra la impunidad.

Hay un dato que define sola a esta administración: los propios estudiantes denunciaron que trabajadores de la administración central de la UAEM y del gobierno del estado los llamaron la víspera de las marchas para pedirles que no salieran. Que cuidaran «la imagen». La gobernadora, según testimonios de la propia comunidad universitaria, gestionó para que los docentes no se manifestaran en las primeras movilizaciones.

El gobierno de Morelos no estaba preocupado por las estudiantes muertas.
Estaba preocupado por las fotografías.
Como hoy se preocupan por resguardar un inmueble.

EL GOBIERNO QUE NO ELIGIÓ NADIE

Detrás de la gobernadora que no da la cara operan dos figuras que concentran la gestión cotidiana del poder en Morelos: Javier García Chávez, jefe de la Oficina de la Gubernatura, y Edgar Maldonado, secretario de Gobierno. Son ellos los que salen a decir que el Ejecutivo «apuesta por el diálogo». Son ellos los que aseguran que el gobierno «está del lado de las causas justas». Son ellos los que reciben a las comisiones estudiantiles cuando la gobernadora tiene agenda de fotos.

Ninguno fue electo. Ninguno tiene mandato popular. Ninguno responde ante la ciudadanía en las urnas. Y sin embargo son las caras reales de un Ejecutivo que su titular ha subcontratado.

Eso no es delegación de funciones. Es abandono del cargo.

El secretario de Seguridad, Miguel Ángel Urrutia Lozano, anuncia bardas perimetrales y cámaras de reconocimiento de placas. Las mismas cámaras que registraron a Kimberly entrando al campus y no pudieron o no sirvieron para evitar que la mataran adentro. Urrutia es el nombre que circula como el sacrificio institucional posible: la cabeza que caería para proteger a la gobernadora de la presión acumulada. La pregunta que el gobierno no responde es si lo van a ofrecer como chivo expiatorio para sobrevivir políticamente, o si la gobernadora lo va a defender para no asumir que la responsabilidad sube hasta su escritorio.

LOS NÚMEROS QUE EL GOBIERNO NO PRONUNCIA

Morelos ocupa el primer lugar nacional en tasa de feminicidios por cada 100 mil habitantes en lo que va de 2026. El estado cerró 2025 con 121 feminicidios oficiales. En los primeros dos meses de este año ya van al menos 18. Más del 90 por ciento de la población percibe inseguridad en la entidad.

Esos números no son contexto. Son el resultado directo de una administración que llegó al poder sin política de seguridad articulada, que colocó en la Secretaría de Seguridad a un funcionario sin experiencia probada en la materia, y que ha respondido a cada crisis puntual con operativos mediáticos que duran lo que dura el ciclo de noticias.

Cinco marchas. Instalaciones universitarias tomadas. Clases suspendidas en múltiples facultades. Una rectora expulsada a gritos de su propio campus. Una gobernadora que gobierna por redes sociales y boletines a modo.
Y en Morelos, mientras tanto, siguen desapareciendo mujeres de 18 años.

EL 8M CON VALLAS: LA METÁFORA QUE EL GOBIERNO CONSTRUYÓ CON METAL

Este 8 de marzo es el primero de Margarita González Saravia como gobernadora. También es el primero en la historia de Morelos en que el Palacio de Gobierno amaneció blindado con vallas metálicas frente a una marcha de mujeres.
Cuando llegó al poder, González Saravia prometió un gobierno de puertas abiertas. Un año después, esas puertas están cerradas, atrancadas y protegidas por un muro de metal que el propio gobierno mandó instalar. La primera gobernadora de Morelos decidió que su respuesta al Día Internacional de la Mujer sería levantar una barrera física entre el poder y las mujeres que exigen justicia. Si hay una imagen que resuma lo que ha sido este primer año de administración, es esa: el palacio de la primera gobernadora de Morelos, blindado contra las mujeres de Morelos.

Y no quedó ahí. El gobierno publicó un protocolo de uso de fuerza para la jornada del 8M. Un gobierno que no pudo prevenir los feminicidios que hoy llenan de nombres las pancartas en las calles, decidió preparar el aparato de seguridad del estado no para proteger a las mujeres, sino para contener a las que marchan por las que ya no están.

Que lo entiendan bien: las marchas no son el problema. El problema es un gobierno que lleva meses sin poder proteger la vida de las mujeres en su estado y que hoy, en lugar de responder a esa deuda, publica protocolos para controlar la indignación.

Hay otra diferencia que este 8M impone sobre todos los anteriores. Antes, la marcha terminaba y con ella parecía terminar también la indignación. Las calles se vaciaban. El reclamo se guardaba hasta el siguiente año. Esta vez no. Terminó la marcha, pero no el movimiento. Porque el reclamo tiene nombre: Kimberly. Karol. Aylín. Tiene rostro. Tiene miedo instalado en las aulas y en los caminos que rodean el campus. Las mujeres que marcharon hoy en Morelos no regresaron a casa a esperar otro 8 de marzo. Esto apenas empieza y el gobierno de Margarita no lo quiere entender.

La pregunta que esta columna deja abierta porque ninguna autoridad en Morelos ha tenido la decencia de responderla es simple y brutal:

¿Quién responde con el cargo?

No en abstracto. No en comunicado de tres párrafos con membrete institucional. No en reunión de seguimiento que nadie cumplirá. No en convenio firmado ante cámaras en Casa Morelos.

¿Quién renuncia? ¿Quién es removido? ¿Quién asume que bajo su gestión tres estudiantes de 18 años fueron asesinadas en la misma universidad y que eso no es un accidente, ni una tragedia inevitable, ni un «lamentable fallecimiento»?

Es el fracaso del Estado. Con nombre. Con cargo. Con salario público.

Y con una agenda llena de fotos.

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