CIUDAD DE MÉXICO. — El periódico The New York Times reveló este sábado que el Gobierno de Estados Unidos mantiene una investigación criminal contra los gobernadores morenistas Alfonso Durazo Montaño (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas) por corrupción, y que al menos 12 funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y legisladores, muchos del partido gobernante— se han ofrecido discretamente a las autoridades estadounidenses como informantes.

El reportaje, firmado por Emiliano Rodríguez Mega para el diario neoyorquino, señala que los acercamientos ocurrieron en medio del endurecimiento de las investigaciones impulsadas por la administración de Donald Trump sobre presuntos vínculos entre políticos mexicanos y el crimen organizado.

Los «objetivos»: Durazo y Villarreal bajo la lupa de Washington

Según cinco personas familiarizadas con las investigaciones, citadas por el Times bajo condición de anonimato, Durazo Montaño y Villarreal Anaya figuran como «objetivos» de indagatorias estadounidenses por corrupción.

El gobernador de Sonora, uno de los líderes de más alto perfil que se cree están bajo investigación, es señalado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. En el caso del gobernador de Tamaulipas, la investigación estaría relacionada con el huachicol.

Ambos mandatarios han negado públicamente los señalamientos y la cancelación de sus visas. Sin embargo, fuentes del Departamento de Estado confirmaron que las visas de Durazo y Villarreal se encuentran efectivamente revocadas en el sistema, sumándose al precedente de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, cuya visa fue cancelada en mayo de 2025.

Las fuentes también informaron que, aunque a ambos se les retiraron las visas, cuentan con un «parole Significant Public Benefit», lo que significa que cuando cruzan a Estados Unidos son escoltados por oficiales estadounidenses.

La red de informantes: más de una docena de funcionarios

El Times reveló que al menos 12 funcionarios electos en México, en su mayoría de Morena, han buscado colaborar con autoridades estadounidenses proporcionando información sobre otros actores políticos.

Según el artículo, varios de estos funcionarios buscan adelantarse a investigaciones que temen que pronto se centren en ellos. El analista político Carlos Bravo Regidor afirmó al Times que este fenómeno revela que el cierre de filas en favor de la soberanía que ha pedido la presidenta Claudia Sheinbaum «no ha encontrado eco desde abajo».

«El cierre de filas que la presidenta está pidiendo desde arriba no está encontrando eco desde abajo. Porque algunas personas dentro del sistema, en lugar de apoyar a la presidenta, se apresuran a irse a Estados Unidos para salvar su propio pellejo».

El contexto: una ofensiva sin precedentes de Washington

Las revelaciones del Times se producen en el contexto de una escalada sostenida de presión diplomática que la Administración Trump ejerce desde 2025 contra funcionarios mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado.

Según reportó la agencia Reuters en octubre de 2025, el Gobierno de EE.UU. había revocado visas a al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría militantes o ligados a Morena.

La ofensiva alcanzó su expresión más grave en abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos formales por narcotráfico contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el Distrito Sur de Nueva York. Rocha Moya fue acusado junto a otros nueve funcionarios de conspirar con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de sobornos y apoyo político.

Entre los acusados en Sinaloa también figuran el presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y el senador de Morena, Enrique Inzunza.

La estrategia de la DEA y los contactos directos

Según el Times, parte de estos acercamientos se originó a partir de una estrategia de la Administración para el Control de Drogas (DEA) , cuyos agentes habrían establecido contacto de manera privada con funcionarios mexicanos para obtener información relacionada con las investigaciones.

Tanto la DEA como el gobierno de México declinaron hacer comentarios sobre el contenido del reportaje.

La respuesta de Sheinbaum: soberanía frente a injerencia

La presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado las investigaciones impulsadas desde Estados Unidos y ha insistido en que México debe defender su soberanía frente a lo que considera una posible injerencia extranjera.

«¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada?», expresó la mandataria al referirse a las acciones del gobierno estadounidense.

Sheinbaum ha insistido en que cualquier proceso anticorrupción estadounidense contra funcionarios mexicanos debe estar respaldado por evidencias verificables y comunicado a la Fiscalía General de la República (FGR) a través de los canales institucionales correspondientes.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha reiterado en distintas ocasiones que contar con una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho.

Claves del escándalo

Aspecto	Detalle
Investigados	Alfonso Durazo (Sonora) y Américo Villarreal (Tamaulipas)
Informantes	Al menos 12 funcionarios mexicanos, mayoría de Morena
Contexto	Ofensiva de Trump contra políticos con presuntos vínculos con el narco
Antecedente clave	Acusación formal contra Rubén Rocha Moya (abril 2026)
Visas revocadas	Al menos 50 funcionarios mexicanos afectados
Postura de Sheinbaum	Defensa de la soberanía y rechazo a injerencia

Lo que viene

El diario estadounidense considera que la situación representa un desafío para Morena, ya que mientras la presidenta Sheinbaum ha llamado a cerrar filas frente a las investigaciones estadounidenses, algunos funcionarios presuntamente buscarían salvarse individualmente colaborando con Washington.

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