Documentos registrales consultados por Latinus revelan que Luis Alfonso Torres Torres desembolsó 400 mil pesos en efectivo por un predio de 13 mil metros cuadrados, cuyo valor actual supera los 13 millones de pesos — una plusvalía del 3,000 por ciento en apenas dos años. Los hermanos Torres son investigados por la FGR por huachicol, lavado de dinero y delincuencia organizada.

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TIJUANA. — Cuatro meses antes de que en noviembre de 2024 se anunciara una inversión multimillonaria de la armadora Toyota en Tijuana, Luis Alfonso Torres Torres, entonces cuñado y socio de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, adquirió un terreno colindante con la fábrica de automóviles a un precio inusualmente bajo.

Documentos registrales consultados por Latinus indican que el hermano de Carlos Alberto Torres Torres —en ese momento esposo de la gobernadora— desembolsó 400 mil pesos en efectivo por un predio de 13 mil 174 metros cuadrados. De acuerdo con sitios de bienes raíces, el valor actual del terreno ronda los 13 millones de pesos, lo que representa una plusvalía aproximada del 3,000 por ciento en apenas dos años.

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La cronología de un negocio redondo

El negocio inmobiliario ocurrió en un contexto de claros signos de expansión industrial en la región. En noviembre de 2024, Toyota México anunció una inversión de 1,450 millones de dólares para fortalecer sus plantas de Baja California y Guanajuato, con la creación de mil 600 empleos. La inversión estaba destinada a la producción de la nueva generación de la pick-up Tacoma y su versión híbrida.

El terreno adquirido por Luis Alfonso Torres se ubica en una zona estratégica, colindante con las instalaciones de la armadora japonesa, lo que disparó su valor tras el anuncio de la inversión.

«Luis Alfonso hizo un negocio redondo… en dos años su ganancia fue de 3 mil por ciento».

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Los hermanos Torres: bajo la lupa de la FGR

El escándalo no se limita a la compra del terreno. Carlos Alberto y Luis Alfonso Torres Torres son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de huachicol de hidrocarburos, lavado de dinero y delincuencia organizada.

De acuerdo con reportes periodísticos, la investigación contra Carlos Torres Torres —exdiputado panista y exfuncionario de Morena— se originó a partir de una denuncia anónima que lo vincula con «Los Rusos», una facción del Cártel de Sinaloa. La carpeta de investigación de la FGR, a la que tuvo acceso Animal Político, señala que Carlos Torres presuntamente recibía sobornos mensuales de 150 mil dólares por parte de Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, a cambio de permitir la operación de dicha organización criminal en la región.

En Estados Unidos, la indagatoria contra Carlos Torres se realiza por conspiración para cometer delitos y lavado de dinero, mientras que en México la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada) investiga a ambos hermanos por evasión fiscal, corrupción, huachicoleo, daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

La gobernadora Marina del Pilar confirmó en enero de 2026 que tenía conocimiento de la carpeta de investigación abierta contra su entonces esposo y aseguró que confía en que la FGR realizará una investigación a fondo.

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El contexto: una gobernadora bajo presión

La revelación de Latinus ocurre en un momento de máxima tensión política para la gobernadora de Baja California. En días recientes, se difundieron audios en los que Marina del Pilar aparece ofreciendo colaboración al FBI a cambio de resolver posibles acusaciones en su contra. La propia presidenta Claudia Sheinbaum le exigió dar una explicación pública.

A esto se suma que, en mayo de 2025, el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de no migrante tanto a la gobernadora como a su entonces esposo, Carlos Torres. En ese momento, la mandataria afirmó que la medida era administrativa y que confiaba en que sería corregida.

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El silencio oficial

Hasta el cierre de esta edición, ni la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ni la vocería del gobierno de Baja California se han pronunciado sobre la investigación de Latinus. El gobernador Manolo Jiménez Salinas, de Coahuila, ha sido señalado por casos similares de omisión en la atención de denuncias, lo que ha generado un clima de creciente presión sobre los mandatarios estatales vinculados a Morena.

La pregunta que queda en el aire, como en tantos otros casos de funcionarios y sus círculos cercanos, es si las autoridades actuarán con la misma diligencia que han mostrado en otros procedimientos o si, una vez más, el poder político blindará a los suyos.

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