Por Alejandro Romero Barrios. *

Si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sostuvo o no conversaciones con agencias de inteligencia estadounidenses. Si los audios difundidos recientemente reflejan conversaciones auténticas o deben entenderse únicamente como parte de una investigación periodística. Si el periodista Héctor de Mauleón tenía razón al publicar la información que detonó el debate. Si la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hicieron bien o mal al respaldar públicamente a la mandataria estatal durante la conferencia matutina.

Todas son preguntas legítimas, pero ninguna responde a la pregunta verdaderamente importante.

Lo relevante es preguntarse si ¿puede un gobernador mexicano construir canales propios de interlocución con agencias de seguridad de un gobierno extranjero cuando los asuntos abordados trascienden el ámbito local y pueden involucrar la seguridad, la inteligencia o la política exterior del Estado mexicano?

Ésa es la discusión que México todavía no ha querido tener. Muchos distractores a la mesa.

Y, sin embargo, de su respuesta depende una parte importante de la gobernabilidad del país durante la próxima década.

EL DEBATE EQUIVOCADO

La cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad no sólo es legal; resulta indispensable. El combate al narcotráfico, al tráfico de armas, al lavado de dinero, al tráfico de personas y a las organizaciones criminales transnacionales exige mecanismos permanentes de coordinación entre ambos países.

Nadie discute eso.

Lo que sí debería discutirse es quién está constitucionalmente facultado para conducir esa cooperación. Porque la interlocución institucional no es equivalente a la individual.

Y ahí aparece un principio que pocas veces se menciona en el debate público: la unidad de representación del Estado Mexicano.

En cualquier democracia moderna, la política exterior y la cooperación internacional constituyen funciones del Estado, no de las personas que circunstancialmente ocupan cargos públicos y menos de niveles estatales.

Cuando esa diferencia comienza a desdibujarse, la vulnerabilidad deja de ser política, para convertirse en institucional.

EL CASO MARINA DEL PILAR

La publicación del periodista Héctor de Mauleón colocó sobre la mesa una hipótesis delicada: la existencia de conversaciones y posibles acercamientos entre la gobernadora morenista Marina del Pilar y autoridades estadounidenses en un contexto de investigaciones difundidas por distintos medios.

El contenido de los audios divulgados forma parte de ese debate público. Corresponde a las autoridades competentes esclarecer su autenticidad, contexto y alcances. Lo relevante para el análisis institucional es observar qué preguntas han abierto sobre la relación entre autoridades estatales y agencias extranjeras.

La respuesta política de la gobernadora siguió un patrón ampliamente conocido en la comunicación de crisis: Negó haber incurrido en conducta indebida, atribuyó la controversia a una campaña impulsada por adversarios políticos y buscó trasladar el eje del debate desde el plano institucional hacia el terreno de la confrontación partidista.

Desde la perspectiva de la comunicación política, esa estrategia puede ser útil cuando el objetivo consiste en preservar el respaldo de una base electoral.

Pero resulta insuficiente cuando la controversia plantea interrogantes sobre la forma en que deben conducirse las relaciones entre autoridades mexicanas y gobiernos extranjeros.

El problema deja entonces de ser reputacional y se convierte en una cuestión de gobernanza.

LA EXONERACIÓN POLÍTICA NO SUSTITUYE LA EXPLICACIÓN INSTITUCIONAL

La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch expresaron públicamente su respaldo a Marina del Pilar y descartaron la existencia de elementos que acreditaran irregularidades.

Desde una lógica política, la decisión resulta comprensible.

Ningún gobierno desea abrir un nuevo frente interno mientras enfrenta desafíos complejos en materia de seguridad y relaciones bilaterales.

Sin embargo, desde la perspectiva institucional, el respaldo político no sustituye la necesidad de explicar con claridad cuáles son los límites legales de la cooperación entre gobiernos estatales y agencias extranjeras.

Porque el problema nunca fue únicamente Marina del Pilar, el problema es el precedente.

EL PATRÓN QUE COMIENZA A DIBUJARSE

Baja California no constituye un episodio aislado. En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia «Maru» Campos enfrentó cuestionamientos tras hacerse pública la participación de agentes de la DEA en un operativo estatal, lo que abrió un debate sobre el cumplimiento de los procedimientos previstos en la legislación mexicana para la actuación de autoridades extranjeras.

En paralelo, publicaciones periodísticas han señalado que los gobernadores Alfonso Durazo, en Sonora, y Américo Villarreal, en Tamaulipas, habrían sido objeto de investigaciones o contactos relacionados con autoridades estadounidenses. Ambos han rechazado públicamente las imputaciones y han negado haber incurrido en conductas ilícitas.

No corresponde a este análisis determinar la veracidad de cada caso, lo verdaderamente relevante es que todos apuntan hacia una misma inquietud institucional: ¿Está comenzando a fragmentarse la interlocución del Estado mexicano con Estados Unidos?

LA SOBERANÍA DEL SIGLO XXI

Durante décadas, la soberanía fue entendida como la capacidad de un Estado para impedir la intervención militar de otro. Hoy esa definición resulta insuficiente, las amenazas contemporáneas ya no llegan únicamente mediante ejércitos.

Llegan mediante redes criminales transnacionales, inteligencia financiera, cooperación judicial, intercambio de información, tecnología, ciberseguridad y mecanismos internacionales de investigación.

Precisamente por ello, la soberanía moderna no consiste en rechazar toda cooperación, consiste en garantizar que esa cooperación ocurra dentro del marco constitucional, mediante los canales institucionales previstos por la ley y con controles democráticos que permitan la rendición de cuentas.

No a espaldas de la sociedad, ni mediante interlocuciones cuya legitimidad dependa de acuerdos personales.

LA PRIVATIZACIÓN DE LA INTERLOCUCIÓN INTERNACIONAL

Existe un fenómeno que merece atención y que podría convertirse en uno de los principales desafíos institucionales de México durante los próximos años, podríamos denominarlo la privatización de la interlocución internacional.

Ocurre cuando funcionarios o autoridades construyen relaciones directas con gobiernos extranjeros para gestionar riesgos políticos, jurídicos o personales al margen de los mecanismos ordinarios del Estado. Si esa dinámica llegara a consolidarse, el problema dejaría de ser la conducta de un gobernador, para transformarse en una vulnerabilidad estructural de la República.

Porque el Estado dejaría de hablar con una sola voz.

LA BALCANIZACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR

Las federaciones requieren autonomía local, pero necesitan unidad cuando se trata de representar al Estado frente al exterior. Porque si cada entidad federativa desarrolla su propia agenda de interlocución con Washington, México corre el riesgo de ingresar en un proceso que la ciencia política describe como fragmentación de la autoridad estatal: No sería una ruptura territorial, sería una balcanización funcional de la política exterior.

Washington ya no dialogaría únicamente con el Gobierno de México o cualquier otra nación, comenzaría a hacerlo, de manera diferenciada, con actores subnacionales que responderían a incentivos políticos propios.

La consecuencia sería una disminución de la capacidad del Estado mexicano para conducir una estrategia coherente de seguridad nacional.

El Estado mexicano conserva formalmente sus atribuciones constitucionales, pero pierde capacidad efectiva para coordinar la información sensible, definir prioridades comunes y mantener una sola política de seguridad frente a un socio estratégico o que decir, un enemigo externo.

LA PREGUNTA QUE MÉXICO DEBE RESPONDER

La discusión no consiste en determinar si México debe cooperar con Estados Unidos, debe hacerlo.
La verdadera interrogante es ¿quién decide cómo, cuándo y bajo qué autoridad constitucional se realiza esa cooperación?

Porque los Estados modernos no se debilitan únicamente cuando un adversario cruza sus fronteras, también, pueden debilitarse cuando la unidad institucional con la que representan sus intereses comienza a fragmentarse desde dentro.

La cooperación internacional seguirá siendo indispensable para enfrentar amenazas compartidas.

Pero precisamente por ello debe descansar en instituciones, reglas y procedimientos transparentes, no en interlocuciones personales cuya legitimidad resulte incierta para la sociedad.

En el siglo XXI, la soberanía ya no se defiende únicamente con Fuerzas Armadas, también se protege preservando la unidad institucional del Estado frente al exterior y, cuando esa unidad comienza a sustituirse por estrategias individuales de supervivencia política, la frontera entre la cooperación legítima y la vulnerabilidad institucional deja de ser un debate jurídico.

Se convierte, inevitablemente, en un problema de Seguridad Nacional.

Esto fue Dossier Político, descubriendo las claves del poder.

* PERIODISTA Y CONSULTOR EN ESTRATEGIAS DE REPUTACIÓN E IMAGEN GUBERNAMENTAL.

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