El gobernador de Oaxaca aseguró que está dispuesto a comparecer ante la FGR si es requerido, pero descartó que su permanencia en el cargo represente un obstáculo para el esclarecimiento del crimen. Organizaciones de periodistas exigen que la investigación considere la actividad profesional de Alejandro Leyva como principal línea de indagatoria.

OAXACA, Oax. — En medio de la crisis política desatada por el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, rechazó este viernes solicitar licencia a su cargo y aseguró que no existe ningún elemento que lo vincule con el crimen.

«No, no voy a solicitar licencia», declaró el mandatario durante una conferencia de prensa. «La fiscalía tiene que deslindar responsabilidades».

Jara afirmó que está dispuesto a comparecer ante las autoridades ministeriales si así se le requiere durante las investigaciones, pero descartó que su permanencia en el cargo represente un obstáculo para el esclarecimiento del caso.

El gobernador se deslindó de los señalamientos que el comunicador había formulado en su contra en distintas publicaciones y sostuvo que su administración no tiene relación con el homicidio. Asimismo, condenó el crimen y reiteró su solicitud personal a la Fiscalía General de la República (FGR) para que atraiga y esclarezca el caso.

Un periodista crítico que había denunciado amenazas

Alejandro Leyva, de 60 años, fue asesinado a tiros el pasado miércoles 22 de julio en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, cuando dos hombres armados en motocicleta le dispararon mientras desayunaba en un establecimiento de comida. El periodista recibió tres impactos de bala y murió en el lugar.

Leyva era autor de la columna El Zumbido del Moscardón, desde la cual mantenía una línea editorial crítica hacia el gobierno estatal, abordando temas de seguridad, corrupción y presuntas irregularidades en la administración de Jara. Había sido director de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) entre 2016 y 2020, y fue galardonado en 2024 con el Premio Nacional de Periodismo Ricardo Flores Magón.

El periodista había denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte por su labor crítica. En julio de 2025, acudió a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para denunciar oficialmente las amenazas. Dos días antes de su asesinato, publicó un video en su columna en el que denunciaba al senador morenista Antonino Morales Toledo por presuntamente tener relación con el tráfico de combustibles y el despojo de tierras.

En sus mensajes previos, Leyva había señalado públicamente a Salomón Jara, al secretario de Gobierno Jesús Romero y a otros funcionarios por presuntas amenazas y persecución. Incluso, en noviembre de 2025, el periodista responsabilizó al gobierno de Oaxaca de lo que le pudiera pasar.

La investigación: FGR atrae el caso

La FGR informó este jueves que asumirá la investigación del homicidio, a través de su Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). El Gabinete de Seguridad del gobierno federal también indicó que colabora en la investigación y que «este crimen no quedará impune».

La Fiscalía de Oaxaca ya cuenta con un retrato hablado del presunto autor material del asesinato, y ha informado que hay cuatro personas en calidad de presentadas por su probable relación con el crimen. Además, las autoridades tienen un video del momento del ataque, en el que se observa que el sicario fingió una llamada telefónica para acercarse a su víctima.

Reacciones: «Siete periodistas asesinados en lo que va de 2026»

El asesinato de Alejandro Leyva es el séptimo de un periodista en México en lo que va de 2026. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) han condenado el crimen y exigido una investigación exhaustiva.

«Siete periodistas asesinados en poco más de seis meses son la evidencia de un fracaso grave y sostenido del Estado mexicano», declaró Artur Romeu, director de RSF América Latina.

La Alianza de Medios MX expresó su condena y reavivó los llamados para proteger la libertad de prensa. Por su parte, la organización Artículo 19 señaló que el periodista «había sido objeto de agresiones y acoso judicial por su voz crítica sobre asuntos de interés público».

Lo que viene

El gobernador Salomón Jara ha dejado claro que no dejará el cargo, pero la presión de organizaciones de periodistas y defensores de la libertad de expresión continúa en aumento. La FGR, que ahora lidera la investigación, deberá determinar si el móvil del crimen está relacionado con la actividad profesional de Leyva, una línea que organizaciones del gremio han exigido que sea prioritaria.

La pregunta que queda en el aire, como en tantos otros casos de periodistas asesinados en México, es si esta vez la justicia llegará a tiempo o si el crimen se sumará a la larga lista de impunidades que lacera al gremio periodístico.

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