CIUDAD DE MÉXICO. — La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una carpeta de investigación por la cena organizada por la FIFA el pasado 10 de junio en el Castillo de Chapultepec, evento que conmemoró el inicio del Mundial 2026 y que ha desatado una polémica por el presunto uso indebido de un inmueble considerado patrimonio nacional.
La indagatoria se originó a raíz de una denuncia presentada por los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Felipe Echenique (historiador) y Juan Manuel Sandoval (antropólogo), quienes acusan que el evento privado transgredió el Estado de derecho al contravenir disposiciones de la Constitución, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
En su denuncia, los académicos señalan que la situación cambió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó en su conferencia matutina del 18 de junio que la FIFA había rentado el inmueble por más de un millón de pesos. Para los denunciantes, esas declaraciones «rayan en la apología del delito porque no existe ninguna norma que permita rentar el Museo Nacional de Historia para una cena privada organizada por una trasnacional como la FIFA».
INAH reserva información sobre el pago
En respuesta a una solicitud de información presentada por EL UNIVERSAL, el INAH informó que ha decidido reservar la copia del pago que la FIFA realizó por el uso del inmueble —que asciende a más de un millón 300 mil pesos— argumentando que su divulgación podría afectar la secrecía de la investigación en curso.
La institución justificó la clasificación de reserva citando el artículo 112 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que permite clasificar como reservada aquella información cuya divulgación pueda obstruir la prevención o persecución de delitos.
En un oficio, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH explicó que la reserva es necesaria para proteger la integridad del proceso de investigación, ya que la FGR ha iniciado una carpeta de investigación relacionada con el evento.
La defensa del gobierno: «No viola la ley»
La Secretaría de Cultura, encabezada por Claudia Curiel de Icaza, ha sostenido que la renta del Castillo de Chapultepec no representa ninguna violación a la ley y que la denuncia presentada por los investigadores no procede. La funcionaria aseguró que el evento tuvo como propósito promover el patrimonio cultural de México durante la Copa Mundial y que se cumplieron con las normativas vigentes para el uso del recinto histórico.
El INAH, por su parte, emitió una tarjeta informativa el 20 de junio en la que afirmó que el evento cumplió con la normatividad aplicable y que se tomaron medidas estrictas para garantizar la preservación del inmueble.
La presidenta Sheinbaum, quien acudió brevemente al evento para dar un mensaje de bienvenida, ha reiterado que el Castillo se renta desde hace mucho tiempo para diversos eventos. «Me invitaron a la cena, pero no quise participar de ella. No me corresponde estar ahí en el Castillo de Chapultepec», declaró en su momento.
Un antecedente similar y la exigencia de transparencia
En su denuncia, los investigadores del INAH recordaron un hecho similar ocurrido en 2001, cuando la esposa del expresidente Vicente Fox, Martha Sahagún, utilizó el Castillo de Chapultepec para una cena privada y un concierto del cantante Elton John, un caso que, según señalan, quedó impune.
El PAN, a través de sus diputados, ha pedido que la FGR investigue y sancione a los responsables de permitir la utilización del sitio histórico para la fiesta de una corporación internacional.
La polémica ha generado un debate sobre los límites del uso de los bienes patrimoniales y la transparencia en la administración de los recursos públicos, en un contexto donde la ciudadanía exige claridad sobre las reglas que autorizan este tipo de eventos en recintos históricos.
Lo que viene
La FGR deberá determinar si existen elementos para ejercer acción penal contra quienes resulten responsables, mientras el INAH mantiene reservada la información del pago hasta que la investigación concluya.
Por ahora, el gobierno federal ha insistido en que el evento cumplió con la normatividad, pero la presión de los investigadores y de la oposición mantiene abierta una controversia que podría derivar en nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso del patrimonio nacional.
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