La presidenta Claudia Sheinbaum ordenó fortalecer el principio de máxima publicidad constitucional, reducir los supuestos de reserva de información y obligar a las dependencias a actualizar mensualmente los contratos públicos. La medida se da en medio de la reorganización del sistema de transparencia tras la desaparición del INAI.
CIUDAD DE MÉXICO. — La presidenta Claudia Sheinbaum firmó este martes un decreto presidencial para fortalecer el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6 de la Constitución, con el que el gobierno federal busca ampliar la información disponible en el Portal Nacional de Transparencia, reducir los supuestos de reserva de información y establecer la publicación mensual de los contratos públicos.
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria recordó que el artículo 6 constitucional garantiza el derecho de toda persona al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.
«La esencia es hacer que toda la información que genera el Gobierno federal sea transparente y definir qué es lo que realmente se puede resguardar, que en esencia es aquello que esté en algún proceso judicial o que sea de seguridad nacional», afirmó Sheinbaum.
Los cambios clave del decreto
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló los principales alcances de la medida, que será publicada este 4 de agosto en el Diario Oficial de la Federación y cuyas disposiciones serán incorporadas posteriormente mediante reformas a la Ley General de Transparencia.
| Medida | Descripción |
|---|---|
| Contratos mensuales | La información sobre contrataciones públicas dejará de actualizarse trimestralmente y pasará a publicarse cada mes, con el objetivo de mantener permanentemente actualizada la información de los contratos del Gobierno federal. |
| Mayor apertura en Pemex y CFE | Se difundirá información adicional sobre las filiales de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación, contratos e informes presentados ante agencias extranjeras. |
| Fiscalización ampliada | Se publicará información adicional sobre el programa anual de auditorías, estadísticas, seguimiento a observaciones, así como el padrón y la designación de despachos de auditoría externa. |
| Simplificación de reservas | Se reducirán los supuestos de clasificación de información reservada. Actualmente existen 17 fracciones en la ley; el decreto busca concentrarlas únicamente en los criterios constitucionales: interés público y seguridad nacional. |
| Versiones públicas | Aun cuando exista información reservada, la prioridad será elaborar versiones públicas para que únicamente permanezcan confidenciales los datos estrictamente protegidos. |
El contexto: la plataforma nacional de transparencia y el INAI
Buenrostro Sánchez informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la plataforma nacional de transparencia presentaba problemas constantes de funcionamiento.
Indicó que durante el proceso de recepción se trabajó en estabilizar el sistema, el cual tiene más de ocho años de operación, además de incorporar nuevas herramientas para facilitar la descarga y análisis de la información pública.
La secretaria adelantó que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporará más información de interés público para ofrecer contenidos más completos y actualizados.
¿Qué significa el decreto en la práctica?
El decreto representa un cambio de régimen en la publicación de información gubernamental:
- Antes: Los contratos públicos se actualizaban cada tres meses, lo que generaba un rezago informativo y dificultaba el seguimiento ciudadano del gasto público.
- Ahora: La actualización mensual permitirá un seguimiento más cercano de las contrataciones y una mayor rendición de cuentas.
Además, la simplificación de los criterios de reserva de información podría reducir el número de documentos clasificados como confidenciales, aunque el gobierno federal mantendrá la facultad de reservar información por razones de seguridad nacional o procesos judiciales.
Reacciones y desafíos pendientes
El decreto ha sido recibido con cautela por organizaciones de la sociedad civil. Especialistas en transparencia han señalado que, si bien la medida es un avance en términos de publicación de datos, su efectividad dependerá de:
- La capacidad técnica de las dependencias para cumplir con la actualización mensual.
- La voluntad política para no abusar de los criterios de reserva de información.
- La independencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para fiscalizar sin sesgos.
La desaparición del INAI, organismo autónomo especializado en la materia, sigue siendo un punto de controversia. Organismos como Artículo 19 han advertido que la concentración de funciones de transparencia en una dependencia del Ejecutivo podría generar conflictos de interés y debilitar la rendición de cuentas.
Lo que viene
El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En los próximos meses, el gobierno federal deberá:
- Implementar las modificaciones técnicas en el Portal Nacional de Transparencia.
- Capacitar a las dependencias para la publicación mensual de contratos.
- Presentar las reformas a la Ley General de Transparencia para formalizar los cambios.
La efectividad del decreto se medirá en la práctica, no en el papel. La pregunta que queda en el aire es si la mayor disponibilidad de información se traducirá en un control ciudadano más efectivo sobre el ejercicio del gasto público.
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