A simple vista, los pozos y tanques petroleros diseminados en Papantla y el norte de Veracruz parecen operar en aparente normalidad. Pero al mirarlos a través de una cámara óptica de imágenes de gas, el paisaje se transforma: plumas oscuras de compuestos altamente contaminantes emergen de las instalaciones y se extienden hacia el ambiente, envenenando el aire que respiran las comunidades.

El ojo que ve lo invisible
«Uno no ve nada, cree que el contenedor está ahí y que no representa un problema, pero con la cámara especial aparecen los gases que están saliendo», explica Patricia Rodríguez, integrante de la organización ambiental internacional Earthworks. Estas emisiones, advierte, liberan directamente metano y compuestos orgánicos volátiles como benceno, tolueno, propano y butano. El benceno —altamente cancerígeno—, sumado a la exposición continua a esta mezcla tóxica, representa un riesgo latente para las familias que viven en las inmediaciones de las instalaciones.

70 años de explotación y una deuda pendiente
Esta contaminación no es nueva. Es la herencia de más de siete décadas de exploración petrolera en la cuenca Tampico-Misantla, una región que alberga más de 5 mil 900 pozos y que hoy es el epicentro de una nueva amenaza: el fracking. El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de explorar gas en pozos no convencionales mediante fracturación hidráulica —el llamado «fracking sustentable»— encendió todas las alarmas en las comunidades indígenas y campesinas de la zona.

El mapa del despojo
La cuenca Tampico-Misantla concentra el 60% de los pozos no convencionales asociados a aceite y gas húmedo. Esta franja se extiende desde el sur de Tamaulipas, la Huasteca potosina e hidalguense, hasta el norte y centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla. En total, 22 municipios —12 de ellos en el norte de Veracruz, como Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Coatzintla y Castillo de Teayo— ya han sufrido los estragos de la extracción: derrames, pozos abandonados, fugas de gas, olores persistentes y daños ambientales jamás remediados.

El costo en agua y salud
El fracking no convencional requiere perforación horizontal y la inyección de millones de litros de agua —entre 9 y 29 millones por cada pozo— mezclada con sustancias químicas para fracturar la roca. Esa agua no solo se consume, sino que se contamina de manera irreversible, agravando la crisis hídrica de una región que ya padece los efectos de la sobreexplotación petrolera.

«Ya estuvo aquí»
Ante este panorama, la Alianza Mexicana contra el Fracking ha intensificado recorridos y reuniones con legisladores federales para visibilizar la amenaza. En un reciente encuentro, Alejandra Jiménez fue contundente: “El fracking no amenaza con llegar al Totonacapan: ya estuvo aquí, dejó daños y las comunidades siguen esperando información, reparación y justicia”.

Las comunidades entregaron un pliego petitorio que exige: la prohibición definitiva del fracking, el freno a nuevos proyectos extractivos, la protección de las fuentes de agua, la reparación integral de los daños, la transparencia total de la información petrolera y la instalación de una mesa permanente de seguimiento. Su mensaje es claro: antes de perforar un nuevo pozo, el Estado y las empresas deben responder por los territorios que ya contaminaron.

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Fuente: Proceso.

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