Sumario: El gobierno de Pedro Sánchez aprueba 21 medidas para frenar la crisis de vivienda, luego de que el desalojo de una mujer de 87 años desatara protestas en todo el país y una marcha violenta en Barcelona. Las medidas deberán ser ratificadas por la Diputación Permanente tras la disolución del Congreso.

Madrid / Barcelona. El gobierno de España aprobó este martes un paquete de medidas urgentes para abordar la crisis de vivienda, después de un brote de violencia la noche anterior en Barcelona, donde miles de personas salieron a las calles exigiendo una rápida resolución.

Las airadas protestas siguieron a manifestaciones en todo el país el fin de semana. Todas fueron desencadenadas por el desalojo, el mes pasado, de María del Carmen Abascal, de 87 años, de su vivienda en Madrid.

Las medidas aprobadas

Las 21 medidas aprobadas incluyen facilitar el alquiler o la compra de una nueva vivienda, ampliar la protección contra los desalojos para los residentes vulnerables, regular el alquiler de habitaciones, imponer un nuevo impuesto a los alquileres de temporada, prohibir las compras especulativas de inmuebles y conceder beneficios fiscales a los propietarios y a los inquilinos que paguen a tiempo.

El gobierno también creará un fondo de 10,000 millones de euros para conceder préstamos de hasta 50,000 euros para comprar una primera vivienda, así como subvenciones a la construcción, añadió.

«No vamos a permitir ningún desahucio más como el que sufrió Maricarmen o como los que se han producido después de decaer los decretos», dijo Sánchez a los periodistas en el Palacio de la Moncloa.

El contexto político

Las medidas aprobadas fueron similares a las rechazadas por el Congreso la semana pasada. El gobierno de coalición del presidente Pedro Sánchez carecía de mayoría y sufrió una dura derrota legislativa cuando los partidos de oposición de derecha rechazaron decretos de emergencia para abordar la crisis de vivienda. El lunes convocó elecciones anticipadas para el 29 de noviembre.

Las medidas deberán ser ratificadas por una asamblea interina permanente en lugar del Congreso, que fue disuelto tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Esta asamblea interina, llamada Diputación Permanente, está formada por 69 miembros, frente a los 350 que ocupan escaños en el Parlamento ordinario. La coalición de Sánchez necesitará solo 35 votos para aprobar las medidas.

El presidente del gobierno aun así pidió los votos de los opositores, diciendo: «No estamos hablando de una cuestión ideológica, sino de sentido común».

«Muchos españoles están esperando soluciones —no solo quienes se concentran y esperan en cuentos de plazas ni tampoco los miles de manifestantes en las calles— me refiero a millones de ciudadanos que esperan de sus representantes coraje para hacer frente a los poderosos y no sumisión», expresó.

La protesta en Barcelona

En Barcelona, la segunda ciudad más grande de España, una alerta por condiciones meteorológicas adversas el fin de semana obligó a los organizadores a reprogramar la protesta para el lunes. Lo que comenzó como una marcha masiva y pacífica se tornó violento cuando grupos de cientos de activistas radicales se enfrentaron con la policía, arrojaron piedras e incendiaron contenedores de basura.

Análisis político

Alejandro Quiroga, profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid, comentó a The Associated Press que la maniobra de lograr que los decretos fueran aprobados por la legislatura provisional era constitucional, pero también un movimiento políticamente necesario por parte de Sánchez.

«No creo que Sánchez tuviera una alternativa», dijo Quiroga. «Si estás convocando elecciones anticipadas para mantener la atención pública en la vivienda, no puedes simplemente quedarte de brazos cruzados y no hacer nada al respecto. Eso no habría sido inteligente».

El trasfondo

El aumento de los costos y la escasez de vivienda están dejando a muchos españoles fuera del mercado inmobiliario, pese al fuerte crecimiento económico de la cuarta economía más grande de Europa. Los manifestantes han estado exigiendo mayores protecciones para los inquilinos, medidas para combatir el fraude y la prohibición de los desahucios cuando no haya una alternativa habitacional disponible.

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Joseph Wilson colaboró desde Barcelona.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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