Gabriel Rivas Ríos pasó más de cinco décadas diciendo lo que el poder no quería oír. El 4 de noviembre lo asesinaron a balazos en Acapantzingo, poco después de salir del ayuntamiento de Cuernavaca. Seis días después, la gobernadora Margarita González Saravia le dio la razón. Tarde, sin cifras y con él, ya enterrado.

Las horas finales
Ena mañana, Rivas acudió al Tribunal de Justicia Administrativa a inconformarse con una resolución que favorecía a la empresa Alto Verde Portenta y ordenaba al Ayuntamiento entregar la documentación para que el proyecto siguiera su curso. A las 16:00 horas, cuando circulaba en su auto con su esposa, sujetos en motocicleta le dispararon directamente a la cabeza.
A las 16:57, la gobernadora publicó su lamento en X y lo llamó amigo y compañero de movimiento. El pésame llegó en menos de una hora. Las respuestas, hasta hoy, no han llegado.
Un decreto sin cuentas
El 10 de noviembre, en su conferencia semanal, González Saravia anunció que expropiará La Cazahuatera. Lo presentó como una decisión de gobierno y dijo que tomaba la palabra de Gabriel y de los ambientalistas. Pero no informó el procedimiento, los plazos ni el monto de la indemnización. Habló en general de un expediente técnico, de escuchar a quien acredite la propiedad y de pagar lo que corresponda conforme a la ley.
Ese predio ya tiene dueño, una empresa con un proyecto de torres de hasta 15 pisos y una resolución a su favor. Una expropiación con indemnización no se paga con aplausos. Y su propio gobierno ya cerró una puerta: el secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré, no consideró posible usar para La Cazahuatera el modelo de permuta de otros casos. Si no hay permuta, hay que pagar.
Entonces:
¿Existe ya un avalúo?
¿Quién lo hizo?
¿De qué partida saldrá el dinero?
¿Cuándo se publica el decreto?
Hasta hoy, nada de eso es público. Un anuncio sin decreto ni presupuesto sirve para la conferencia del martes. Para proteger un solo árbol, no.
El alcalde y su “ya estaba permitido”
La otra mitad del problema vive en el edificio donde Rivas era regidor. El alcalde José Luis Urióstegui Salgado ha dicho que su administración no otorgó licencia ambiental ni cambió el uso de suelo. Sobre el uso de suelo, afirmó que ya estaba permitido y que el asunto está judicializado, así que hay que respetar al tribunal.
Pero el alcalde no es espectador de ese pleito: es su ayuntamiento el que respondió la demanda ante el Tribunal. Además, Portenta exhibe, con folio, una licencia de uso de suelo expedida el 19 de enero de 2026 por la oficina de Desarrollo Urbano de ese mismo ayuntamiento. En julio, a los vecinos les informaron que no existía un cambio de uso de suelo. Dos versiones desde la misma casa. Y mientras tanto, según documentó el Diario de Morelos, el proyecto se vendía con apartados de hasta un millón de pesos sin licencia ambiental.
Habría que preguntarle al alcalde qué firmó su gobierno en enero, quién lo firmó y por qué los vecinos recibieron una respuesta distinta. También por qué, después del asesinato, anunció que propondrá a los gobiernos estatal y federal la expropiación, como quien pasa la factura a otra ventanilla. Urióstegui conocía a Rivas desde hacía más de 30 años, desde sus tiempos en el PRD. Le debe más que un pronunciamiento.
Debe decirse con precisión: se ha publicado que la Fiscalía contempla citar al alcalde y a todo el Cabildo, y que Urióstegui no está imputado ni señalado como responsable. Es una diligencia, no una acusación. Pero explicar sus actos es obligación de un funcionario, no un favor.
Lo que falta
Ya hay una orden de aprehensión contra el probable responsable material. Eso es un avance, no la verdad. La Fiscalía no ha establecido si lo mataron por defender La Cazahuatera. Falta el autor intelectual. Faltan los móviles. Y faltan respuestas de quienes ejercen el poder sobre ese predio, en el estado de Morelos y en el municipio.
La gobernadora tiene un decreto pendiente y un avalúo que mostrar. El alcalde tiene una licencia de enero que explicar. Entre ambos, un hombre con 52 años de lucha murió sin que su causa recibiera, en vida, una sola respuesta clara.
Lo mataron, y solo entonces le dieron la razón. Morelos no necesita otro homenaje con micrófono. Necesita el decreto, el dinero y el nombre de quien mandó matar a Gabriel. Lo demás es pésame.
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