*La Fiscalía inicia el juicio contra los líderes de la MS-13, acusados de rebelión y de ordenar una matanza que detonó el régimen de excepción*

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SAN SALVADOR. — El Salvador abrió este lunes un juicio masivo contra 486 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo a cabecillas históricos de la organización criminal, en un proceso que ha reavivado las críticas de organismos internacionales de derechos humanos por las garantías del debido proceso .

La Fiscalía General acusa a los líderes de la estructura criminal de haber ordenado más de 47,000 delitos entre 2012 y 2022, entre ellos 29,000 homicidios, feminicidios, extorsiones, tráfico de armas y desapariciones forzadas . Además, se les imputa el delito de rebelión por intentar «establecer un Estado paralelo» mediante el control territorial .

El origen del juicio se remonta a marzo de 2022, cuando la MS-13 habría ordenado el asesinato de 86 personas en un solo fin de semana, considerado el más violento en la historia reciente del país centroamericano . Aquella masacre llevó al Congreso, de mayoría oficialista, a declarar el régimen de excepción que aún hoy, cuatro años después, se mantiene vigente .

Un juicio masivo bajo la lupa internacional

El proceso judicial se desarrolla en audiencia abierta ante un Juzgado Especializado en Crimen Organizado, bajo una reforma del Código Penal aprobada en 2023 . De los acusados, 413 se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad construida durante el gobierno de Nayib Bukele que se ha convertido en símbolo de su política de mano dura . Muchos de ellos siguen las audiencias de forma virtual desde el penal. Otros 73 presuntos líderes son juzgados en rebeldía .

La Fiscalía asegura contar con «evidencia contundente» que incluye autopsias, análisis balísticos y testimonios de testigos, y ha solicitado al juez que imponga la pena máxima por cada uno de los delitos . De ser hallados culpables de todos los cargos, un solo acusado podría enfrentar hasta 245 años de prisión .

Sin embargo, el formato del juicio ha generado una oleada de críticas. Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación por la celebración de procesos colectivos que, a su juicio, vulneran las garantías individuales .

«Estos juicios masivos carecen de garantías básicas del debido proceso y, por lo tanto, aumentan el riesgo de condenar a personas inocentes que no tienen nada que ver con las pandillas que han aterrorizado al país durante décadas», señaló Juan Pappier, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch .

Expertos de Naciones Unidas coinciden en que los procesos masivos «socavan el ejercicio del derecho a la defensa y la presunción de inocencia de los detenidos» .

Cuatro años de régimen de excepción: luces y sombras

El estado de excepción vigente desde marzo de 2022 ha suspendido derechos fundamentales, como el derecho a ser informado de las causas de la detención, el acceso a un abogado defensor y la inviolabilidad de las comunicaciones . La detención sin audiencia preliminar se ha ampliado de 72 horas a 15 días .

Las autoridades salvadoreñas aseguran que bajo esta medida han capturado a más de 91,300 presuntos pandilleros . El gobierno atribuye al régimen de excepción la drástica reducción de la tasa de homicidios, que pasó de 103 asesinatos por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.3 en 2025, según cifras oficiales .

No obstante, las organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian que miles de personas han sido arbitrariamente detenidas. El propio presidente Bukele ha reconocido que al menos 8,000 inocentes fueron arrestados bajo la medida y posteriormente liberados .

La situación penitenciaria también ha sido motivo de alarma. Organismos humanitarios estiman que el hacinamiento en las cárceles alcanza el 238% y que al menos 513 detenidos han muerto bajo custodia estatal durante la vigencia del régimen de excepción . Se han registrado más de 6,000 denuncias por abusos, incluyendo torturas y tratos crueles .

La CIDH instó recientemente al gobierno salvadoreño a poner fin a la medida, expresando «serias preocupaciones sobre el impacto en los derechos humanos por la prolongación injustificada y excesiva del estado de excepción» .

Antecedentes y líderes señalados

Entre los acusados que comparecen en este juicio figuran históricos líderes de la MS-13, como Borromeo Henríquez y Dionisio Umanzor, quienes participaron en la fallida tregua entre pandillas y el gobierno durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014) .

No es la primera vez que El Salvador recurre a los juicios colectivos. En marzo de 2025, 52 miembros de la pandilla rival Barrio 18 fueron condenados a penas de hasta 245 años de prisión en un proceso similar . En noviembre de ese mismo año, otros 45 integrantes de la facción Barrio 18 Sureños recibieron sentencias condenatorias, incluyendo una pena de 397 años para uno de sus líderes .

La MS-13, surgida en las calles de Los Ángeles entre jóvenes salvadoreños en la década de 1980, regresó a El Salvador tras el fin de la guerra civil y sembró el terror durante más de tres décadas . El gobierno de Bukele ha acusado a la organización de ser responsable de aproximadamente 200,000 muertes, de las cuales unas 80,000 corresponden a desaparecidos .

La administración del presidente Donald Trump ha designado a la MS-13 y otras organizaciones criminales como grupos terroristas extranjeros, una decisión que ha servido para justificar operaciones militares en la región .

Mientras el juicio se desarrolla en San Salvador, la comunidad internacional mantiene la mirada puesta en un proceso que podría sentar un precedente sobre los límites entre la seguridad y el Estado de derecho en la región.

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Fuente: El País.

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