Por: Centro de Inteligencia Estratégica | Romero Barrios Consultores*

En la Sierra Tarahumara, en una brecha de terracería, una camioneta de la policía estatal de Chihuahua se desbarrancó. Cuatro personas murieron.

Dos eran agentes mexicanos: Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y su subordinado Manuel Genaro Méndez Montes. Los otros dos eran estadounidenses. Y ahí es donde empieza la historia que los gobiernos de México y Estados Unidos llevan días tratando de controlar.

Los hechos y la primera versión

Ese mismo domingo, el fiscal de Chihuahua salió a dar una conferencia. Su versión era sencilla: militares y policías estatales habían desmantelado uno de los narcolaboratorios más grandes jamás encontrados en México — más de un kilómetro cuadrado de zona boscosa, casi dos mil libras de droga sintética. Al regreso, dos «instructores de la embajada de Estados Unidos» murieron en un accidente. Cooperación bilateral, tragedia, condolencias.

Ese mismo día, el embajador Ronald Johnson publicó en redes sus condolencias. Sin dar nombres de las víctimas. Sin decir en qué área del gobierno trabajaban. Solo que «apoyaban los esfuerzos de combate a los cárteles». Hasta ahí, una historia triste pero manejable. Entonces habló la presidenta Claudia Sheinbaum.

La bomba de Sheinbaum

El lunes por la mañana, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum dijo algo que dinamitó toda la narrativa oficial con una sola oración: «No fue un operativo del que tuviera conocimiento el gabinete de Seguridad». Porque sabía que se había violado la Ley de Seguridad Nacional. El punto central es el Artículo 71 y 72 de la ley, que establece que los agentes extranjeros solo pueden realizar actividades de enlace y deben estar acreditados, sin poder ejercer funciones reservadas a las autoridades mexicanas ni portar armas sin autorización explícita.

Piensen en lo que eso significa. La presidenta de México acaba de decir que agentes extranjeros estaban operando en territorio nacional, en plena Sierra Tarahumara, en el corazón del territorio más disputado del Cártel de Sinaloa, y su propio gobierno no lo sabía.

El fiscal, acorralado, cambió la versión. Ahora los estadounidenses no participaron en el operativo. Estaban a seis horas de distancia dando un curso sobre drones. Y cuando coincidieron con el convoy del director de la AEI, pidieron un aventón al aeropuerto. Un aventón. A las dos de la mañana. En una brecha de la sierra de Chihuahua. Esa versión no resiste ni diez segundos de análisis.

La CIA y lo que no se está publicando

El 20 de abril, el periodista Jorge Chaparro publicó en Pie de Nota la exclusiva que nadie quería publicar. Al menos tres de los cuatro agentes no eran instructores de drones. Eran agentes de la CIA, asignados a la oficina de Monterrey. Llevaban entre tres y cuatro años en México. Asimismo, Los Ángeles Times también los hizo público.

No llegaron al operativo por casualidad. Fueron ellos quienes encontraron el laboratorio. Con su tecnología, su inteligencia, sus fuentes. Fueron ellos quienes llevaron a las autoridades mexicanas al lugar exacto. Y viajaban de regreso en el convoy cuando ocurrió el accidente. Pero hay algo más que nadie está preguntando con suficiente interés: ¿por qué los agentes vestían uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, una institución en la que no trabajaban? Eso no es capacitación. Es una operación encubierta.

El mapa que nadie quiere mirar

El columnista Raymundo Riva Palacio publicó el martes 21 la información más perturbadora de todo el caso. Lo esencial: las operaciones unilaterales de agencias estadounidenses en México no son un accidente ni una excepción. Están activas en al menos cuatro estados: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Michoacán.

¿Por qué? Porque Washington lleva meses exasperado con el gobierno de Sheinbaum por su resistencia a investigar a políticos mexicanos con vínculos documentados con el narco. La secuencia fue clásica: planteamientos formales, presiones, advertencias, y finalmente acción unilateral. El caso de Chihuahua no fue el inicio. Fue el primer accidente que los hizo visibles.

Y hay un dato más. La inteligencia que llevó a ese laboratorio – y a varios otros desmantelados en los últimos meses – viene de los hijos de El Chapo. Ovidio y Joaquín Guzmán López, ambos presos en Estados Unidos, están entregando información masiva sobre la infraestructura del Cártel de Sinaloa como parte de sus acuerdos con la justicia estadounidense. No solo ubicaciones de laboratorios, sino también nombres de políticos, abogados, empresarios. Algunos, en días recientes, perdieron sus visas. Los Chapitos, desde una cárcel de máxima seguridad, se convirtieron en la mayor fuente de inteligencia activa que Washington ha tenido contra el narco mexicano en décadas.

El lenguaje de la Casa Blanca

México es el país cuya soberanía fue violada. Washington es el gobierno cuyos agentes de la CIA operaban ilegalmente en territorio nacional. Y sin embargo, desde la Casa Blanca se construye el relato inverso: México debe gratitud y empatía, no explicaciones. Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, abrió con la exigencia de condolencias. No las solicitó. Las exigió. Y Trump cerró con el diagnóstico de Estado fallido. No fue improvisado. Fue un dueto ensayado.

Estados Unidos quiere posicionar la idea de que su presencia en México, a través de sus agentes, no es una violación a la soberanía nacional, sino un servicio humanitario que el gobierno mexicano debería agradecer. Un Estado que necesita ser rescatado no tiene soberanía que defender. Esa es la visión estadounidense. Si ese relato se instala, el siguiente operativo no necesitará siquiera un accidente que lo haga visible.

La oposición al rescate de la gobernadora de Chihuahua

El senador panista Ricardo Anaya no defiende a Maru Campos negando los hechos, sino que desplaza la responsabilidad hacia arriba: si la Sedena participó con 40 elementos y tampoco informó a Sheinbaum, el problema no es Chihuahua, es el Gabinete de Seguridad. Y añade una amenaza velada: si Morena abre este expediente, el PAN tiene su propia lista de gobernadores morenistas con relaciones cuestionables que está dispuesto a exhibir. Es judo político clásico.

Además, su compañera de bancada Lilly Téllez no hizo un argumento jurídico. Hizo un reencuadre radical: Sheinbaum no es la defensora de la soberanía, es el obstáculo a la cooperación bilateral. La política de derecha adoptó sin pudor el lenguaje de Washington y lo introdujo en el debate legislativo mexicano.

Del otro lado, legisladores morenistas como Gerardo Fernández Noroña y Javier Corral señalaron que el problema no es el combate al narco, sino el «intento de engañar a la opinión pública» al ocultar que agentes estadounidenses estaban infiltrados en un operativo estatal. Noroña fue más allá: acusó a agentes de la CIA de operar en Chihuahua para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de Sheinbaum. El senador y ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, insistió en que la actual mandataria, Maru Campos, y el fiscal estatal César Jáuregui deben comparecer ante el Senado por el operativo en el que fallecieron dos agentes de la CIA, pese a la aclaración del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, fue claro: el Senado no tiene facultades para llamar a cuentas a la gobernadora de Chihuahua; ella sólo rinde cuentas al pueblo de Chihuahua. Advirtió que esto es un precedente peligroso y que la Comisión de Puntos Constitucionales no tiene facultades para procesar esas propuestas con punto de acuerdo, como intentó Morena por órdenes de Palacio Nacional. Fue el único que se refirió al tema jurídico. PAN y Morena sólo politizaron el tema.

Lo que dijo el congresista de Estados Unidos

El congresista presidente del Comité de Seguridad Nacional, Michael McCaul, respondió «no» al ser cuestionado sobre si la presidenta Sheinbaum desconocía los trabajos de la CIA en Chihuahua. Aseguró que, más allá de la retórica política, existe una «profunda cooperación» entre fuerzas militares y de inteligencia de ambos países.

La trampa política de Sheinbaum

Sheinbaum está en una trampa. Si reconoce que su gobierno sí sabía del operativo, admite que mintió el primer lunes después del evento. Si insiste en el desconocimiento, queda expuesta la pregunta más incómoda: ¿cómo el Gabinete de Seguridad no sabe lo que la Sedena hace con cuarenta elementos en un megaoperativo? Y si profundiza la investigación y confirma que la ley fue violada, tiene que decidir si sanciona al gobierno panista de Chihuahua en plena precampaña de 2027, y si exige cuentas a Washington en el peor momento posible para la renegociación del T-MEC.

Sheinbaum está en el centro de un círculo donde cada movimiento la expone:

• Si sanciona a Chihuahua: persecución político-electoral (argumento de Anaya).
• Si no sanciona: su discurso de soberanía queda vacío.
• Si la Sedena aparece involucrada: crisis de coherencia interna.
• Si cede a Washington: pierde credibilidad.

El caso CIA en Chihuahua no es solo seguridad nacional. Es la primera batalla de la campaña por la gubernatura de Chihuahua en 2027. Y el PAN lo sabe con exactitud milimétrica.

Cierre

El 28 de abril, Maru Campos comparece ante el Senado de la República. La Sierra Tarahumara ya habló. Ahora le toca al Palacio Nacional decidir si escucha lo que dijo.

Este análisis fue publicado originalmente en Dossier Informativo MX. Pueden encontrar el enlace completo en nuestro sitio web.

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