Por: Marta Eugenia Dávila García

Una inusitada e incontrolable ola de información en el marco de intenso y sin precedente debate público entre Las Naciones Unidas (ONU) y el gobierno mexicano, se ha desatado a partir de la decisión adoptada por el Comité contra la Desaparición Forzada con base en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección, concluyendo que hay “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, conclusión que fue rechazada por la presidenta Claudia Sheinbaum y “su” Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

 El informe del Comité afirma que en México ese delito se comete de manera sistemática y generalizada contra la población. En respuesta, la primera mujer presidenta de la república dice que su gobierno “está atendiendo el tema” y bla bla bla… pero ¿qué dicen colectivos, madres buscadoras e incluso otras instancias de Derechos Humanos?
 En este espacio compartiremos sólo algunas voces expertas de las muchas que hay a lo ancho y largo del país y que nos han expresado sus posturas.

Conversamos en exclusiva para Dossier Informativo MX con el Mtro. Pablo Navarrete Gutiérrez, especialista en género, derechos, humanos y democracia, quien afirma que la desaparición de personas es una gravísima violación a los derechos humanos que se ha registrado en los últimos años en nuestro país.

Según datos del propio Gobierno de México, a la fecha hay un acumulado de 132 mil 534 personas en esta situación, muchos casos ocurridos en los últimos años.

El especialista, integrante desde hace 25 años de AMNISTÍA INTERNACIONAL, sostiene que “negar esta terrible realidad en nada contribuirá a resolver el problema de dimensiones de crisis humanitaria que enfrentamos, ni a remediar el dolor y sufrimiento que enfrentan las familiares de las víctimas”.

Nos comenta que el anuncio del Comité de la ONU sobre Desaparición Forzada (CED) de solicitar al Secretario General que remita con urgencia a la Asamblea General de la ONU la situación de las despaciones forzadas en México para que considere “medidas para apoyar al Estado Parte en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen de lesa humanidad”, no se da de forma espontánea.

Y nos explica: “Primero México de manera libre y voluntaria firmó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada de la ONU; con ello se obligó a aplicar los derechos y procedimientos establecidos en la misma, en caso de presentarse en el país algún hecho de desaparición forzada, por lo que no se puede alegar como injerencia, es -sin duda- consecuencia de un compromiso que voluntariamente adquirió nuestro país al firmar el tratado internacional”.

Hecho irrebatible es que actualmente México es el Estado Parte de esta Convención con el mayor número de acciones urgentes por desaparicion forzada a nivel mundial, solicitadas por las víctimas.

Para poner en proporción está información Pablo Navarrete afirma que de las 2,160 acciones urgentes registradas a nivel mundial al 28 de febrero de este 2026, un total de 819 corresponden a México, con el 38%; el segundo lugar lo ocupa Irak con 669 de los casos.

Tan sólo en 5 meses -dijo-, de septiembre de 2025 a febrero de 2026, se han acumulado 40 nuevas acciones urgentes contra nuestro país.
En nuestra por demás interesante charla, el analista destaca que si bien el CED de la ONU reconoce la cooperación de México, también señala deficiencias estructurales reiteradas en la búsqueda e investigación.

Pablo Navarrete se remonta en el tiempo: “Está situación la empezó a identificar el CED desde años atrás cuando recibió los primeros casos, pero debido al cúmulo que ha recibido los últimos meses, ello incrementó su preocupación y atención en relación al tema”.
El artículo 34 de la Convención faculta al CED a iniciar una invitación internacional cuando existan indicios fundados de desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y enviar el asunto a la Asamblea General de la ONU, pues la información recibida “parece contener indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad (…) ya que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.

Dicho procedimiento no es punitivo contra México, ni para establecer la responsabilidad individual; es de carácter preventivo y tiene como propósito proporcionar cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada a nuestro país para la búsqueda de las personas desaparecidas así como análisis forense en investigación exhaustiva de los casos y posibles vínculos que pueda haber entre el funcionariado y el crimen organizado.

“Más que una afrenta contra México, el procedimiento del CED debe verse como una oportunidad para detener el crimen de lesa humanidad que se está registrando en México, producto de las desapariciones forzadas que parecen no tener fin; darles paz y justicia a las familias que buscan a sus desaparecidos, así como seguridad y protección a quienes estamos bajo la jurisdicción del Estado mexicano”, concluyó el Maestro Navarrete.

Y sobre el mismo tema abordaremos dos casos concretos que se dan en las penínsulas mexicanas:
En la Baja California el tema no es menor…
La Célula de Búsqueda e Investigación de Desaparecidos en Baja California fijó su posicionamiento sobre las declaraciones ‘comparsas de la presidencia’ emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de desaparición forzada en México el pasado 4 de abril.

La fundadora de la Célula de Búsqueda e Investigaciones de Desaparecidos de Baja California, Soraya Ana Villarreal, afirma que resulta preocupante y cuestionable que la CNDH descalifique las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, por considerarlas ambiguas, sesgadas y carentes de legitimidad.
A través de un comunicado añade que es grave desacreditar información aportada por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, quienes -a través de sus propios esfuerzos-, han logrado visibilizar la crisis que se vive en México en relación con las desapariciones forzadas.

Esta Célula de Búsqueda exige que la CNDH sea congruente con su mandato constitucional y se abstenga de deslegitimar mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, así como el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Asimismo pide que se reconozca públicamente la gravedad de la crisis de desapariciones en México; que se fortalezcan de manera efectiva las acciones de búsqueda, investigación y atención a víctimas y que se asignen recursos suficientes y se garantice un apoyo operativo real a las labores de búsqueda.

Soraya Ana Villarreal y Gonzalo Moreno buscan incansablemente a su hijo Kevin Moreno Ana, quien desapareció el 27 de marzo del 2020, del Bar Shots en Mexicali, ubicado en conocida área de antros. De entonces a la fecha se cuentan desapariciones de al menos 10 a 12 jovenes de dicha zona de la capital de Baja California.

“Las familias no son atendidas, pasan los años y no hay avances en los distintos casos”, asegura Soraya Ana, quien incluso señaló que hay personas que son “regañadas” por las autoridades por acercarse a pedir apoyo a la célula de búsqueda que lidera.

 Otra grave situación acontece en la zona rural de la capital del estado, el llamado Valle de Mexicali, en donde se ubica el poblado Miguel Alemán. En lo que va de este año 2026 se han encontrado ahí 16 fosas clandestinas y en total 33 cuerpos en diversas jornadas de búsqueda, mismas que se realizan gracias a la insistencia, exigencia y participación de colectivos ciudadanos de búsqueda.

 Cateos tardíos, negligencia y complicidades han sido denunciados por familias buscadoras ante la indolencia de las autoridades del gobierno estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Exponen que son muchas las dudas que las familias enfrentan y no hay nadie que las aclare, desde órdenes de aprehensión que no se han ejecutado, hasta expedientes que no son marcados como Número Único de Caso (NUC), sino como Número de Atención Ciudadana (NAC).
 
También en Baja California, el titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH) del estado, Álvaro Ochoa Orduño, opinó que la solicitud enviada a la Asamblea General de la ONU sobre desaparición forzada de personas en México es una oportunidad para obtener ayuda internacional para atender ese tema en el país.

Contrariamente a la postura de la CNDH, Ochoa Orduño reconoció que esta solicitud realizada por parte del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas es una oportunidad para reforzar las estrategias y acciones que realizan las autoridades públicas en México para el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las víctimas de desaparición de personas.

“Lamentablemente -dijo-, en algunos casos participan autoridades municipales, estatales o federales, y eso ha venido acreditándose también en las distintas recomendaciones que han emitido los organismos públicos de derechos humanos en el país”.

El haber puesto a consideración de la Asamblea General de la ONU la necesidad de que el Estado mexicano adopte acciones urgentes, es para brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada para lo que requiera México: realizar las búsquedas, para el análisis forense, para el tema de investigación exhaustiva y evidenciar los vínculos que existen entre algunas personas servidoras públicas y el crimen organizado.

En opinión del comisionado estatal, el documento trata de establecer un mecanismo eficaz para encontrar la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como a las distintas organizaciones y defensores que las apoyan.
“Lamentablemente hemos visto que los colectivos de búsqueda y los familiares, están constantemente trabajando en campo, haciendo las búsquedas y saliendo de sus propios estados a realizar búsquedas”, precisó.

Declaró que hay un tema pendiente en la identificación de los cuerpos, y por ello la Comisión reconoce la importancia de que participen todos los entes públicos y privados, nacionales e internacionales en estas acciones en conjunto a fin de visibilizar, atender y proponer soluciones con un enfoque de derechos humanos ante este flagelo de las desapariciones.

Contundente expresó: “Desde la Comisión hacemos un llamado respetuoso a todas las autoridades federales, estatales y municipales para continuar con la promoción, protección, respeto y garantía de los derechos de las víctimas y de las víctimas indirectas, familiares y demás.

“En este organismo hemos y seguiremos teniendo el compromiso de trabajar en conjunto y seguir manteniendo un diálogo constante con las víctimas, autoridades y sociedad civil y seguir cooperando con todas las partes, atendiendo nuestra obligación, nuestro mandato de promover, proteger y defender los derechos humanos”, reiteró.
 
Y en la otra península…
Las desapariciones en Quintana Roo van de la impunidad sistemática a la crisis invisible, en opinión de la periodista de género y activista Graciela Machuca Martínez, que asegura que esa entidad ha dejado de ser sólo el destino turístico más importante de México para convertirse, según datos recientes, en el quinto estado con mayor crisis de desapariciones a nivel nacional.

 Al cierre de 2025, la entidad situada en la Península de Yucatán, registró una cifra alarmante: 888 casos de personas desaparecidas, superando con creces los reportes de años anteriores. Tan sólo en diciembre de 2025 Quintana Roo registró 77 desapariciones, un promedio de más de dos personas por día.

 “El fenómeno, que inicialmente se concentraba en el norte (Cancún y Playa del Carmen), ha comenzado a devorar la tranquilidad de la Zona Maya. El municipio de Felipe Carrillo Puerto, históricamente un bastión de paz y cultura, vive hoy bajo la sombra del miedo”, afirma nuestra colega.

 En el último año, la estadística en este municipio ha dado un salto doloroso. De registrar cifras de desapariciones de un solo dígito, la localidad cerró 2024 y 2025 con más de 30 personas cuyo paradero se desconoce. El inicio de 2026 no ha sido distinto: la violencia vinculada a la expansión de grupos criminales hacia el sur del estado ha dejado una estela de incertidumbre en comunidades rurales y en la propia cabecera municipal.

 La detención reciente de figuras vinculadas a la violencia local confirma que el municipio se ha convertido en un punto de disputa territorial, en donde la población civil queda atrapada en el fuego cruzado o en la red de reclutamiento forzado.
 A pesar de que las autoridades estatales presumen una tasa de localización de mujeres cercana al 55% en lo que va de 2026, la deuda histórica permanece. Las familias de las y los desaparecidos en Felipe Carrillo Puerto y otros municipios exigen más que cifras; exigen identificación forense y justicia.

 Los colectivos denuncian opacidad en la Fiscalía General del Estado (FGE) y una preocupante mezcla entre la inseguridad del crimen organizado y la movilidad turística.

 Para Graciela Machuca, periodista e incansable defensora de derechos humanos “la crisis en Quintana Roo es el reflejo de un paraíso que se desdibuja entre fichas de búsqueda pegadas en postes que el salitre pronto corroe. Mientras el turismo sigue batiendo récords, en las plazas de los pueblos mayas, el vacío que dejan los ausentes se vuelve el sonido más fuerte de la selva”.

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