NUEVA YORK — Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos fueron acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos este miércoles por su presunta participación en una conspiración de narcotráfico y delitos relacionados con armas en colaboración con el Cártel de Sinaloa .
El anuncio fue realizado por el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, quienes detallaron una investigación que revela una red de corrupción que habría operado desde los más altos niveles del gobierno estatal .
«El Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas. Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo» , declaró Clayton .
Los 10 acusados:
La acusación incluye a funcionarios en activo y exfuncionarios, muchos de ellos vinculados al partido Morena. La lista completa es la siguiente :
| Nombre | Cargo |
|---|---|
| Rubén Rocha Moya | Gobernador de Sinaloa |
| Enrique Inzunza Cázarez | Senador por Morena |
| Juan de Dios Gámez Mendívil | Alcalde de Culiacán |
| Enrique Díaz Vega | Exsecretario de Finanzas de Sinaloa |
| Gerardo Mérida Sánchez | Exsecretario de Seguridad de Sinaloa |
| Dámaso Castro Zaavedra | Exvicefiscal de Sinaloa |
| Marco Antonio Almanza Avilés | Expolicía de Investigación |
| Alberto Jorge Contreras Núñez | Expolicía de Investigación |
| José Antonio Dionisio Hipólito («Tornado») | Exsubdirector de la Policía Estatal |
| Juan Valenzuela Millán («Juanito») | Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán |
Los cargos: narcotráfico, armas y una conspiración con «Los Chapitos»
Según el pliego de cargos presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York y asignado a la jueza Katherine Polk Failla, los acusados enfrentan acusaciones por conspiración para la importación de narcóticos (fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina) y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos .
La investigación señala que los funcionarios se alinearon con la facción de «Los Chapitos», liderada por los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán. Según el documento judicial, Rocha Moya resultó electo gobernador en 2021 después de que dicha organización criminal secuestró e intimidó a sus rivales políticos. A cambio, el gobernador presuntamente prometió protección a los líderes del cártel y les permitió operar con impunidad en el estado .
Los fiscales detallaron que los funcionarios:
- Protegieron a líderes del cártel de arrestos y filtraciones de información sensible sobre operativos militares y policiales.
- Escoltaron cargamentos de droga utilizando corporaciones policiales estatales y municipales.
- Recibieron sobornos millonarios a cambio de su colaboración .
El caso de Juan Valenzuela Millán: tortura y asesinato de un informante de la DEA
El caso más grave dentro de la acusación es el de Juan Valenzuela Millán, alias «Juanito», excomandante de la Policía Municipal de Culiacán. Además de los cargos de narcotráfico, se le imputan delitos adicionales por participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar de esta, ocurridos en octubre de 2023 .
Según la acusación, Valenzuela Millán percibía pagos mensuales de 1,600 dólares para poner a la policía municipal al servicio de la organización criminal. Por su parte, Dámaso Castro Zaavedra, exvicefiscal, recibía aproximadamente 11,000 dólares mensuales para alertar al cártel sobre investigaciones en su contra .
Las penas: de 40 años a cadena perpetua
De ser hallados culpables, los acusados enfrentan penas que van desde un mínimo obligatorio de 40 años de prisión hasta la cadena perpetua. Valenzuela Millán es el único que enfrenta una pena mínima obligatoria de cadena perpetua debido a su participación en los homicidios .
Hasta el momento, se cree que los diez acusados residen actualmente en México y no han sido detenidos. Estados Unidos ha solicitado su extradición, aunque el proceso diplomático podría ser largo y complejo .
La reacción del gobierno mexicano y de Rocha Moya
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), respondió que recibió las solicitudes de extradición el martes, pero argumentó que Washington no ha proporcionado pruebas suficientes sobre la responsabilidad de los acusados .
La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que su gobierno no ha visto «ninguna evidencia» de los cargos y que cualquier investigación en Estados Unidos contra personas en México debe contar con pruebas revisadas por la Fiscalía General de la República .
Por su parte, Rocha Moya ha negado rotundamente las acusaciones. En su perfil de X, escribió:
«Carecen de toda verdad y de todo fundamento. Y esto quedará demostrado cumplidamente en el momento procesal oportuno» .
El contexto: la ofensiva de Trump contra la corrupción en México
Esta acusación se da a conocer apenas una semana después de que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, advirtiera desde Sinaloa sobre una próxima campaña anticorrupción contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado . También se suma a una serie de acusaciones emitidas desde 2023 que han señalado a más de 30 miembros y asociados del Cártel de Sinaloa .
Cole, administrador de la DEA, calificó al Cártel de Sinaloa como una «organización terrorista designada» que socava las instituciones públicas .
«Esta acusación expone un esfuerzo deliberado por socavar las instituciones públicas y poner en riesgo vidas estadounidenses. Los acusados presuntamente usaron sus puestos de confianza para proteger las operaciones del cártel, permitiendo un flujo de drogas mortales hacia nuestro país. Nadie está por encima de la ley» , sentenció Cole
.
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