La Secretaría de Marina (Semar) confirmó la detención de Miguel Ángel Solano Ruiz, alias “Capitán Sol”, “Sol” o “Mike”, un capitán de corbeta retirado señalado como uno de los operadores centrales de la red de contrabando de hidrocarburos conocida como “huachicol fiscal”. La captura se realizó en Zapopan, Jalisco, tras casi 300 días de trabajos de investigación e inteligencia coordinados entre la Semar, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con las autoridades, Solano Ruiz contaba con una orden de aprehensión por su probable participación en delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos. Su detención ocurrió durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento Villa Verona, en Zapopan, la noche del 1 de octubre. Tras su captura, fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y posteriormente ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 1, conocido como “El Altiplano”, donde permanece a disposición de un juez de control.

El nombre del “Capitán Sol” cobró relevancia pública no solo por su presunta función dentro de la red de huachicol fiscal, sino por los testimonios que lo vinculan directamente con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Según documentos de la carpeta de investigación revelados por el periodista Arturo Ángel, un testigo colaborador declaró ante la FGR que, durante la inspección del buque Torm Agnes en Guaymas, Sonora, Solano Ruiz intervino telefónicamente para frenar la acción de las autoridades, asegurando que las gestiones ya estaban “pactadas a nivel central” y que se trataba de “un tema de Andy”.

El testimonio, integrado en el expediente oficial, detalla que “El Capitán Sol” dijo textualmente: “ya le iban a hablar al Secretario de Marina para decirle que era un tema de Andy a ver si a él no le hacían caso, y me dijo esto es solo para tus ojos”. Estas declaraciones forman parte de la causa penal 325/2025, en la que la FGR señala a Solano Ruiz como pieza clave de una estructura presuntamente encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.

Las investigaciones describen a Solano Ruiz como el “verdadero jefe de todas las aduanas”, pese a no contar con un nombramiento formal en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Según el expediente, desde esa posición habría coordinado la asignación de personal estratégico en aduanas marítimas como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, además de gestionar el ingreso irregular de hidrocarburos mediante documentación falsa que clasificaba el combustible como “aceite” o “aditivo” para evadir el pago de impuestos.

El informe financiero de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló una disparidad patrimonial significativa: mientras sus ingresos registrados ante el SAT se limitaban a 18 mil 785 pesos mensuales por su jubilación naval, Solano Ruiz habría gastado aproximadamente 60.6 millones de pesos entre 2015 y 2023, principalmente en apuestas en el Hipódromo de las Américas y casinos. La investigación también identificó la adquisición de ocho inmuebles por más de 13 millones de pesos, incluyendo un penthouse en Tulum, Quintana Roo.

Cabe señalar que, en agosto de 2026, la FGR emitió un comunicado en el que negó contar con testigos protegidos o datos de prueba suficientes para iniciar una carpeta de investigación contra Andrés Manuel López Beltrán por delitos en materia de hidrocarburos. La dependencia calificó como “falsa” la información periodística que afirmaba lo contrario. Sin embargo, las menciones a “Andy” en los testimonios integrados a la indagatoria sobre los hermanos Farías Laguna continúan formando parte del expediente judicial.

Con la detención del “Capitán Sol”, las autoridades federales han señalado que se ha localizado al último integrante de la estructura que permanecía prófugo. La FGR alista la audiencia inicial en la que se le formulará imputación por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, un proceso que podría aportar nuevos elementos sobre el funcionamiento de la red y los presuntos vínculos señalados en los testimonios.

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