Por: Hugo Alberto Romero B.

La rivalidad entre Estados Unidos y China ha trasladado la disputa geopolítica al terreno industrial. México tiene una posición privilegiada por su integración con Norteamérica, pero también una presión creciente para revisar sus vínculos comerciales, tecnológicos y de inversión con Pekín.
México enfrenta una paradoja estratégica. Su principal ventaja económica, la integración productiva con Estados Unidos, puede convertirse en un límite para relacionarse con el resto del mundo. La rivalidad entre Washington y Pekín está reescribiendo las reglas del comercio internacional y coloca al país ante un dilema: aprovechar las oportunidades de ambas economías sin comprometer el acceso preferente al mercado estadounidense.


No es una disputa diplomática convencional. La competencia se libra en los sectores que definirán el poder económico de las próximas décadas: semiconductores, inteligencia artificial, vehículos eléctricos, baterías, minerales estratégicos, telecomunicaciones y manufactura avanzada. Por su ubicación y capacidad industrial, México es una pieza relevante de esa confrontación.
La pregunta ya no es si México puede comerciar con ambas potencias. Puede, y lo ha hecho durante años. La pregunta es cuánto margen conservará para decidir qué empresas, capitales, tecnologías y componentes participan en su economía sin provocar fricciones con Washington.

El nearshoring ya tiene dimensión geopolítica
Durante años, la relocalización de empresas hacia México se presentó como una oportunidad casi automática: cercanía con Estados Unidos, menores costos logísticos, acceso al T-MEC y capacidad manufacturera. Hoy hay que sumar una variable que antes pesaba menos: el origen del capital y de los insumos con los que se produce.
Un análisis de economistas de la Junta de la Reserva Federal, publicado en junio de 2026, estima que alrededor de 53% del aumento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos entre 2014-17 y 2021-24 se debe a la desviación comercial provocada por los aranceles estadounidenses de 2018-19 a China. De ese total, unos 14 puntos porcentuales reflejan producción o procesamiento de empresas chinas en territorio mexicano.
Los matices importan. El mismo estudio concluye que el transbordo directo de mercancía china es marginal, menos de un punto porcentual, y que el 38% restante de la desviación proviene de otras fuentes, entre ellas empresas mexicanas y multinacionales estadounidenses y de otros países. Es decir, el grueso del fenómeno no es triangulación irregular, sino inversión, producción y valor agregado en México. Conviene recordar también que se trata de una nota de trabajo del personal de la Junta, no de una postura oficial de la Reserva Federal, y que sus autores advierten que las cifras son estimaciones aproximadas.
Aun así, la distinción no elimina la preocupación estadounidense. Para Washington, producir en México con capital o insumos chinos puede debilitar la efectividad de sus restricciones comerciales. Y los propios autores señalan que con aranceles más altos y más amplios, tanto la reubicación genuina como las estrategias de “puerta trasera” podrían intensificarse. Ahí está una vulnerabilidad mexicana: el país necesita inversión, tecnología y componentes internacionales, mientras Estados Unidos busca que una mayor proporción de ellos provenga de Norteamérica o de economías “confiables”.

El T-MEC, convertido en instrumento de presión
La primera revisión conjunta del tratado dejó claro que ya no se trata solo de facilitar el comercio. El 1 de julio de 2026, Estados Unidos confirmó que no aceptaba extender el acuerdo en su forma actual. El tratado no desaparece: seguirá vigente hasta 2036 y entra en una etapa de revisiones anuales, en la que las tres partes podrán negociar ajustes o una nueva extensión. Para México, eso significa vivir bajo evaluación permanente, con la seguridad económica, las reglas de origen y la dependencia de insumos extrarregionales como temas recurrentes.
México ya ajusta su política comercial. Desde el 1 de enero de 2026 aplica aranceles de entre 5% y 50% a 1,463 fracciones arancelarias de países sin tratado de libre comercio, sobre todo China, India, Corea del Sur, Brasil y Rusia. Los resultados son discutidos: el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reportó una caída de 28% en las importaciones chinas tras la medida, mientras que datos del INEGI muestran que las importaciones totales desde China crecieron 8.7% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Probablemente miden universos distintos, pero la discrepancia confirma que el efecto real aún está en evaluación.
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El punto es que el margen para mantener una apertura sin consecuencias geopolíticas se ha reducido. Pero la alineación excesiva también tiene costos. Si México encarece componentes, maquinaria o tecnología asiática sin desarrollar alternativas competitivas, puede dañar a sus propias empresas y restarle atractivo a su plataforma manufacturera. Integración regional no debe significar dependencia de un solo mercado.

China no es solo competidor: también es proveedor
Pekín no es únicamente un posible inversionista o un mercado de exportación. Es un proveedor central de maquinaria, componentes electrónicos y bienes intermedios que usan las empresas mexicanas. En 2025, China fue el segundo abastecedor de México, con 133,270 millones de dólares, solo detrás de Estados Unidos. Ese mismo año, el déficit comercial con China alcanzó un récord de 123,053 millones de dólares, según datos del Banco de México.
La paradoja es evidente: México profundiza su integración con Estados Unidos mientras buena parte de su industria depende de insumos chinos. Cualquier exigencia de reducir esa dependencia deberá considerar los costos de sustitución, la disponibilidad de proveedores alternativos y la capacidad de las empresas nacionales para incorporarse a cadenas regionales. No basta con cerrar la puerta a un proveedor: hace falta construir capacidades industriales, infraestructura, tecnología y financiamiento.
La siguiente disputa: quién decide las condiciones de la inversión
Hay una dimensión menos visible, pero potencialmente más decisiva: el control de las inversiones estratégicas. En Estados Unidos, un representante republicano, Jodey Arrington, planteó que México adoptara un mecanismo semejante al CFIUS, el comité estadounidense que revisa inversiones por razones de seguridad nacional.
El 28 de agosto de 2026, el gobierno de Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para reformar la Ley de Inversión Extranjera y crear un régimen de autorización previa por razones de seguridad nacional para ciertas adquisiciones de sociedades mexicanas, a cargo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. El Senado la aprobó el 30 de septiembre. Aunque la iniciativa no menciona a China ni a Estados Unidos, ambos están presentes entre líneas.
mexico propone crear un nuevo regimen de revision de inversiones extranjeras por razones de seguridad nacional
El tema trasciende la relación con Pekín: ¿cómo distinguir una oportunidad económica de un riesgo para la seguridad, la infraestructura o la autonomía tecnológica? La respuesta exige criterios técnicos y certidumbre jurídica. Ahí hay un punto delicado: según análisis legales de la propuesta, si la Comisión no emite una resolución dentro de los plazos aplicables, la solicitud se consideraría denegada. Con reglas claras y aplicables a todos los países, el mecanismo puede fortalecer la posición negociadora de México. Con criterios ambiguos o sujetos a presiones coyunturales, puede ahuyentar capital de cualquier origen.

La neutralidad tiene un precio
El desafío no consiste en escoger entre Washington y Pekín mediante una declaración diplomática, sino en evitar que la política industrial, comercial y de inversión quede determinada por las prioridades de cualquiera de las dos potencias.
Estados Unidos seguirá siendo el socio fundamental por la profundidad de la integración productiva: México ya aporta alrededor de 16% de las importaciones estadounidenses. China seguirá siendo un actor relevante en el abasto industrial. Pretender que una de esas relaciones puede desaparecer sin costos sería ignorar la estructura real del comercio mexicano.
El escenario más delicado no es la ruptura con China ni el conflicto abierto con Estados Unidos, sino la pérdida gradual de autonomía: que México modifique sus decisiones económicas para responder a exigencias externas sin una estrategia industrial propia que le permita negociar y compensar los costos.
La oportunidad está en convertir la presión geopolítica en política de desarrollo: fortalecer proveedores nacionales, elevar el contenido tecnológico de las exportaciones, diversificar mercados, atraer inversión productiva y fijar reglas claras para las inversiones estratégicas. De lo contrario, el país corre el riesgo de ser solo un territorio de ensamblaje en una disputa que otros diseñan.
La pregunta de fondo no es con quién debe estar México, sino qué capacidades necesita construir para que su relación con cualquiera de las dos potencias responda a sus propios intereses. En la nueva geografía del poder económico, la neutralidad no se sostiene con discursos, sino con industria, tecnología, instituciones y capacidad de negociación.

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