El informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que sancionó a nueve empresas mexicanas y a dos ciudadanos por su presunta vinculación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha destapado una red de corrupción que, según analistas, trasciende con creces el ámbito de los funcionarios de bajo y medio nivel. Durante una mesa de análisis en Aristegui en Vivo, los especialistas Jacobo Dayán y Alfredo Figueroa coincidieron en que el documento estadounidense describe un entramado sistémico que involucra a múltiples cárteles, altos mandos militares, gobernadores, partidos políticos e incluso medios de comunicación, y que opera con un alto grado de encubrimiento desde el Estado mexicano.

La magnitud del negocio ilícito y su impacto estructural

Uno de los datos más reveladores del informe es que entre un cuarto y un tercio del combustible que se vende en México tendría procedencia ilícita, lo que posiciona al huachicol fiscal como el segundo negocio más rentable para el crimen organizado, solo por detrás del narcotráfico. Dayán, director del Centro Cultural Tlatelolco, subrayó que este esquema no se limita al CJNG, sino que incluye al Cártel de Sinaloa, al Cártel del Golfo y otras organizaciones que operan en coordinación. El entramado genera pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas mediante facturas falsas, importaciones simuladas y una red de distribución que abarca desde estaciones de servicio cómplices hasta puntos de venta clandestinos, utilizando el sistema financiero mexicano como canal para el lavado de dinero.

Complicidades de alto nivel: más allá de los mandos medios

El punto más sensible del análisis de Dayán es la afirmación de que una operación de esta envergadura no podría sostenerse sin la participación activa de funcionarios con capacidad de decisión estratégica. “Cualquier elemento que forme parte de esta empresa criminal continua es corresponsable”, sentenció, y amplió la lista de posibles implicados a miembros de la Marina, el Ejército, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República, así como gobernadores y dueños de medios de comunicación. Para el académico, el informe estadounidense evidencia que los cárteles han logrado infiltrar posiciones clave en los gobiernos para facilitar el huachicol y, al mismo tiempo, obtener contratos públicos que les permiten lavar recursos. Este fenómeno, advirtió, representa “un salto cuántico” en la relación entre crimen, violencia y erosión democrática, donde la corrupción ya no puede entenderse como un acto aislado, sino como parte de un sistema que financia campañas políticas y controla territorios mediante una violencia brutal.

El cuestionamiento al gobierno de Sheinbaum y el «encubrimiento»

Por su parte, el analista Alfredo Figueroa puso el foco en la respuesta institucional mexicana, o más bien en su ausencia. Criticó duramente que, pese a los años de información acumulada, las autoridades mexicanas no hayan presentado hipótesis de investigación sólidas, resultados concretos o responsables identificados. “No sabemos nada”, afirmó, y calificó la situación como “una absoluta práctica de encubrimiento”. Figueroa fue más allá al cuestionar directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum: “¿En qué medida Claudia Sheinbaum, como cabeza del Estado mexicano, tiene una colusión con este modo de proceder, con este financiamiento y con este encubrimiento?”, planteó, aunque matizó que, si no es partícipe directa, al menos sus colaboradores cercanos lo serían, lo que la haría corresponsable por omisión.

El exconsejero electoral destacó que el ingreso de recursos del crimen organizado a las campañas políticas ha transformado la competencia electoral, con volúmenes de dinero que permiten comprar votos y alterar la opinión pública sin una explicación social genuina. Ambos analistas coincidieron en que el debilitamiento de las instituciones encargadas de fiscalizar y sancionar estos delitos ha dejado al Estado mexicano sin capacidad de respuesta, y que actualmente son agencias como el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro de EE.UU. las que marcan la agenda de investigación, lo que implica una pérdida de soberanía. Dayán concluyó que desmontar esta red requeriría una voluntad política que no existe, a menos que la presión social e internacional obligue a mecanismos extraordinarios.

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